Luego de un debate extenso en el recinto, la Cámara Baja otorgó sanción inicial a la iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo, que declara la emergencia en seguridad en el territorio provincial y adhiere al DNU 228/16 del Poder Ejecutivo Nacional en los términos y condiciones que allí se establecen.
La norma fue aprobada por los votos afirmativos del Frente Cambia Mendoza y del Frente para la Victoria. Votó de forma negativa el Frente de Izquierda. Cabe aclarar que el PJ-FPV votó en contra el artículo referido a la adhesión al Decreto Nacional.
En el articulado de la norma, además de adherir al Decreto nacional, se establece que la Emergencia en la provincia será “por el plazo de 18 meses” y que “podrá ser prorrogado por el Poder Legislativo por el lapso de 6 meses”.
Por otra parte, se autoriza al Poder Ejecutivo “a hacer uso del crédito por hasta la suma de quinientos sesenta y un millones de pesos ($561.000.000) en un todo de acuerdo con lo previsto por los artículos 60, 64 y 66 de la Ley N° 8706 en operatorias con proveedores y/o organismos que financien en forma directa o indirecta la compra de bienes de capital a los efectos de garantizar los objetivos del Sistema de Seguridad Pública prevista en la ley 6721. Estas operatorias deberán acreditar su razonabilidad y dar la vista previa de Fiscalía de Estado”. Los bienes a adquirir y los montos autorizados serán los siguientes:
• Adquisición de hasta ciento veinte (120) móviles con sistema tecnológico inteligente. Valor sesenta y dos millones de pesos ($ 62.000.000), distribuidos entre los dieciocho Departamentos de la Provincia, asegurando un mínimo de dos móviles por departamento, sin afectar la cantidad de móviles actualmente asignados. El resto se distribuirá de conformidad con el criterio del Director General de Policía de la Provincia.
• Adquisición de equipamiento para la cantidad máxima de doscientos (200) móviles existentes del sistema tecnológico inteligente, por un valor de veintidos millones de pesos ($ 22.000.000).
• Adquisición de hasta diez (10) scanner fijos para los controles de fronteras, límites y lugares críticos, por un valor de doce millones de pesos ($ 12.000.000).
• Desarrollo y actualización del Sistema de Información Policial por un valor de treinta y seis millones de pesos ($36.000.000).

• Adquisición de equipamiento para seguridad vial (identificadores de patentes, de velocidad, radares y elementos complementarios) por un valor de hasta veinticuatro millones de pesos ($ 24.000.000).
• Adquisición de chalecos antibalas, uniformes policiales, pistolas nueve milímetros, quinientas mil municiones y equipamiento especial, por un monto total por todo concepto de hasta setenta millones de pesos ($70.000.000).
• Plan de obras de mejoramiento y refacción de ciento sesenta y cinco (165) DEPENDENCIA POLICIALES por un monto de hasta ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000).
• Plan de obras de mejoramiento y refacción de unidades penitenciarias por un monto de hasta ciento veinticinco millones de pesos ($125.000.000).
• Plan de obras de mejoramiento y refacción de unidad penitenciaria de San Rafael por un monto de hasta treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000)
• Fortalecimiento del sistema judicial en materia penal por un monto de hasta veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) destinado a construcción y/o mejoramiento edilicio, de comisarías de la mujer (Ley 8804), unidades fiscales en general y especiales contra la violencia intrafamiliar y de género.
Asimismo, la media sanción autoriza al Ministerio de Seguridad a celebrar convenios para optimizar la aplicación de los recursos estratégicos y tecnológicos afectados al servicio de Seguridad Pública. En el mismo sentido, Seguridad podrá reasignar partidas de bienes de capital y/o servicios corrientes, dentro de su propia jurisdicción de acuerdo a las necesidades.
De igual forma, se faculta a dicha cartera a “convocar al personal de las Policías de la Provincia de Mendoza y del Servicio Penitenciario en situación de retiro efectivo a prestar servicio en condiciones de igualdad en cuanto a la remuneración y condiciones laborales del personal en actividad según las funciones y asignación de tareas que se le otorguen en el marco de la presente ley. A tal fin el Ministro de Seguridad podrá tomar las decisiones que juzgue pertinente, teniendo en cuenta criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.
Se aclara que en ningún caso podrá reintegrarse a quienes hayan sido condenados en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentren procesados penalmente o que hayan pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias.
En otro orden, el Ministerio de Seguridad deberá enviar un informe cuatrimestral a la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura respecto del avance de las metas previstas.
Finalmente, se resalta que la iniciativa faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar inmediatamente todas las medidas que resulten necesarias, persiguiendo los siguientes objetivos: optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio de cada área, incluyendo las competencias parciales, conexas y/o complementarias, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas, operativas y resocializadoras; garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del personal policial y penitenciario de la provincia de Mendoza a los fines de que puedan cumplir y desarrollar correcta y eficientemente el servicio a su cargo.