El director de Enlaces y Asuntos Penitenciarios de la provincia, Juan Ignacio Mulet, y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, se reunieron con la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, que preside Jorge López (UCR), para analizar un proyecto de ley que faculta al Ejecutivo a la toma de crédito para la construcción de la “Institución Diferenciada Cerrada para la Ejecución de la Pena”.
Mulet, hizo hincapié en que desde 2007 a la fecha “no hay nuevas unidades penitenciarias en la provincia”, por lo que se hace indispensable “construir una política penitenciaria a futuro”.
Sin bien resaltó que en aproximadamente 520 días podrían estar culminadas las obras de la cárcel federal, sostuvo que no obstante, “no resuelve la situación porque se necesitan más unidades carcelarias para dar una mejor calidad de vida a las personas privadas de su libertad”.
Afirmó que entre 2010 y 2016 la población carcelaria prácticamente se duplicó, pasando de 2622 internos a 3945, en tanto que en 2015 y lo que va de 2016, se ha mantenido estable. Actualmente, indicó, hay 3969 internos en los distintos penales, de los cuales la gran mayoría – entre un 60 y 70% - provienen de zonas urbanas.
En cuanto al gasto que cada interno le implica al sistema, sostuvo que sin contar traslados ni medicamentos, ronda los 20 mil pesos mensuales.
Por otra parte, en cuanto a los presos federales alojados en los penales de la provincia, indicó que al 30 de mayo sumaban 325 los procesados y 148 los penados. En proporción inversa, en la provincia, del total de encarcelados el 40% son procesados y el 60% tienen condena.
En ese sentido, Mulet resaltó que con la reciente sanción de la Ley de prisiones preventivas, se estima que “van a disminuir los plazos procesales”.
Durante la reunión, el diputado Marcos Niven (PD) consultó sobre la posibilidad de construcción de un penal en la zona Este, a lo que Mulet respondió que “son posibilidades” pero que “lo importante es que en estas mesas de trabajo se pueden dar estos debates y lograr consensos”.
Asimismo, Jorge Tanús (FPV) coincidió en la idea de una unidad carcelaria en esa región de la provincia y propuso que sean los jueces los que se trasladen hasta las cárceles a tomar declaración a los detenidos para evitar los traslados. “Hay que discutirlo. Necesitamos de un amplio consenso al respecto”, dijo al respecto Majul. 

Por su parte, Lucas Ilardo (FPV) indagó sobre los recursos para penales aprobados en la Ley de Emergencia en Seguridad. Los funcionarios, indicaron que aún “no se está afectando porque se está analizando un plan para ejecutarlo”.
“Se están haciendo las consultas con quienes tienen un conocimiento acabado de los penales, para invertir bien. El plan se está elaborando”, expresó Majul.
También el diputado Edgar Rodríguez (UCR), preguntó si la construcción del penal federal ayudaría a descomprimir el resto de las unidades carcelarias, pero según Mulet, “si bien hay recomendaciones internacionales, no hay una regla que indique cuál es el espacio ideal para cada interno. Soluciona una parte y permite de mejor manera la resocialización de los internos”.
De todas formas, el director de Enlaces y Asuntos Penitenciarios sostuvo que la política penitenciaria “tiene que tener un plan de continuidad, a largo plazo, para que no pase como ahora que desde 2007 no se invierte en una unidad carcelaria”.
Luego de la reunión, el titular de la comisión, Jorge López, señaló que “coyunturalmente tenemos dos cuestiones que marcan la necesidad de avanzar en este tema, que son en primer lugar, la formalización de la ley de prisiones preventivas que inclusive el mismo ministro ha anticipado que va a tener en principio un efecto positivo sobre la cantidad de detenidos, y por otro lado, las cuestiones jurídicas donde tenemos fallos que marcan la necesidad de parte del gobierno de la provincia de Mendoza, de asignar recursos no solamente en la cuestión de mantenimiento, de refuncionalización de las existentes sino también en este caso, la autorización (de endeudamiento) para una nueva unidad penitenciaria”.
En esa línea, aclaró que “lo que tenemos en la comisión no es un proyecto técnico sino solamente una autorización de endeudamiento por un monto estimado para el Ejecutivo en 90 millones de dólares que es lo que se necesitaría aproximadamente de acuerdo a los estándares internacionales para construir una unidad penitenciaria para mil detenidos”.
Mulet, en tanto, explicó que la convocatoria a la comisión de Hacienda se dio en el marco “del tratamiento de un proyecto de endeudamiento para la construcción de unidades penitenciarias. Se necesita construir nuevos complejos penitenciarios en la provincia por lo que los diputados querían conocer la situación en el sistema penitenciario”.
“Necesitamos tener más unidades penitenciarias para que las personas que viven dentro de los complejos penitenciarios, personas que están privadas de la libertad, puedan gozar de todos sus derechos. Puedan trabajar, puedan estudiar, puedan hacer actividades. Para ello necesitamos cárceles mejoradas, nuevas unidades, necesitamos otorgarles más espacio a estas personas para que puedan vivir bien”, acotó.
Aclaró al respecto que “la refacción de los penales está prevista con la Ley de Emergencia en Seguridad que preveía 125 millones de pesos para la refuncionalización de los penales, más unos 35 millones de pesos para la cárcel de San Rafael”, y que este nuevo endeudamiento sería para “nuevas unidades carcelarias”.
En cuanto al penal federal, manifestó que días atrás vinieron del Ministerio de Justicia de la Nación “y nos informaron que habían llegado a un acuerdo con la empresa contratista para comenzar nuevamente las obras de ese penal. Ese penal, nos dijeron que estaría listo en aproximadamente 520 días desde el inicio de obras”, teniendo en cuenta que las obras están paralizadas desde fines del año pasado.
El proyecto sobre el que trabaja la comisión, fue remitido por el Poder Ejecutivo en febrero de 2015 y prevé hacer uso del crédito para atender el pago de los costos que demanden la construcción de la “Institución Diferenciada Cerrada para Ejecución de Pena”.