La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Jorge López (UCR), y el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, junto a diputados de distintos bloques, recibieron a funcionarios del Ejecutivo quienes explicaron los detalles del proyecto de Ley del Ejecutivo por el cual se solicita endeudamiento para la construcción de la Institución Diferenciada cerrada para la ejecución de pena.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, el subsecretario de Infraestructura, Osvaldo Chicahuala, y el director de Enlaces y Asuntos Penitenciarios, Juan Mulet, explicaron que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto al Hábeas Corpus, le dio más fuerza a esta idea de contar con una nueva unidad carcelaria, además de la penitenciaria federal, para mejorar la infraestructura existente.
Como antecedente, Chicahuala expuso el proyecto elaborado en su momento por la constructora Obras Andinas S.A., que contempla la construcción de 46 mil metros cuadrados, en Cacheuta, con capacidad para albergar entre 648 y 904 internos.
Los conceptos directrices de esa propuesta establecen que la obra sea, una cárcel de nueva generación; que se adopte a los usos y necesidades actuales de la provincia y donde la arquitectura funcione como una herramienta de inclusión integral, entre otros aspectos.

El complejo penitenciario estaría distribuido en tres niveles o terrazas.
El Espacio Uno: contendrá: guardería, casino de oficiales, administración general, mantenimiento general, provisión eléctrica, provisión de agua, centro de datos, seguridad externa, conserjería y visitas.
El Espacio Dos: casa de pre-egreso, asistencia médica y psicológica, pabellón de admisión, juzgado correccional, administración, lavandería, panadería, cocina general, pabellón de admisión y seguridad interna.
El Espacio Tres: área de culto, taller de laborterapia, pabellón de mínima seguridad y SUM, pabellón de mediana seguridad y SUM, pabellón de máxima seguridad y SUM, requisa y traslado de internos, educación primaria, secundaria y universidad.
Siempre en base a ese proyecto, se explicó que los pabellones estarían distribuidos según el tipo de seguridad que se requiera. De esta forma, las celdas podrían alojar dos o tres internos y uno en el caso de alta seguridad. Dentro de los parámetros de baja ocupación el penal podría tener hasta 648 internos, mientras que en caso de alta ocupación llegaría a los 904 reclusos.

“Este proyecto lleva dos años de análisis”, dijo el funcionario, quien además indicó que “se trata de un concepto ambicioso en todos los servicios y terminaciones que lo hace alejado de la realidad que tenemos, generando una diferencia muy grande con el resto de los penales” que hay hoy en la provincia.
Chicahuala, agregó que “estamos planeando una revisión en el ajuste del diseño”, “sin cambiar la filosofía” del mismo, apuntando también a una disminución en los plazos de construcción así como en los costos.
El desarrollo de proyecto desde el ajuste de diseño y conceptos, pasando por la elaboración de pliegos, llamado a licitación y evaluación de ofertas tendría un plazo global de 150 días, en tanto que el plazo de ejecución de obras, prevén disminuirlo de 36 a 24 meses.
El ministro Kerchner, expresó por su parte que también se prevé una baja en el costo de obra, de 100 a 90 millones de dólares, de los cuales una parte se destinará a mejoras en las unidades carcelarias existentes.
“No es un proyecto privado”, dijo Kerchner
Kerchner, aclaró que “no es un proyecto privado” sino un proyecto presentado por una empresa, “pero eso solamente implica que la empresa presenta la idea y después van todos a una gran licitación”.
“En esa gran licitación pública, donde participan todas las empresas del país que así lo deseen y quieran participar, en caso de igualdad de precios la empresa que hizo la propuesta tiene la posibilidad de mejorar la oferta”, subrayó, aunque agregó que “finalmente siempre se contrata con el más barato y con el mejor, porque si la empresa que hizo la propuesta no cumple con las condiciones del pliego tampoco puede ser elegida”.
El ministro, indicó al respecto que “va a ser una licitación pública, que esta es la gran novedad, y esa licitación pública por supuesto va a ser solicitada con financiamiento. Esto implica que el oferente pueda traer bancos o pueda traer financiamiento que podrá elegir la provincia si es que es aceptable. De no ser aceptable, buscaremos el financiamiento desde la provincia porque es una obra de largo plazo”. .
“Este es un proyecto para 900 internos, al lado de Almafuerte para aprovechar esa infraestructura; también hemos hecho una reducción de costos en términos de lo que era el proyecto original de 100 millones de dólares a 90 millones de dólares, y lo que buscamos es, si así lo dispone la Legislatura con la aprobación del endeudamiento necesario, poder comenzar la construcción que va a generar puestos de trabajo y que se va a demorar 36 meses y esperamos bajarlo a los 24”, acotó.
También aclaró que “dentro” de esos 90 millones de dólares, “hay aproximadamente unos 10 o 12 millones de dólares para mejorar Almafuerte”,