Autorizan uso del crédito para la construcción de un nuevo penal

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que faculta al “Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta la suma de un monto en pesos equivalente a dólares estadounidenses 90 millones” para hacer frente a la construcción de la “institución diferenciada cerrada para ejecución de pena”.

Además, se estipula en el texto que se podrá destinar “hasta el 10 por ciento del total del crédito” para la “refacción o refuncionalización del sistema penitenciario de la provincia de Mendoza”.

A su vez se faculta al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso con el objeto de administrar los fondos y a “modificar y/o incrementar las partidas necesarias del presupuesto General para hacer frente al pago de los servicios de la deuda, contra mayor recaudación estimada”.

La iniciativa fue sancionada con el aval de todos los bloques con excepción de aquellos que conforman el Frente de Izquierda y los Trabajadores (PO y PTS).

Al fundamentar el proyecto el diputado Jorge López, de la UCR, sostuvo que “el aumento de la población carcelaria, no está en consonancia con las obras de infraestructura, por lo tanto se produce un hacinamiento que el gobierno provincial tiene que otorgar una solución. Esta nueva obra tendrá diferentes espacios físicos para más reclusos, nuevas tecnologías, un lugar para un juzgado y un financiamiento por noventa millones de dólares”.

A su turno, desde el Frente para la Victoria, Javier Cofano anunció que su bloque acompañaría el proyecto porque “este problema no admite dilación y esta es la solución más eficiente para este momento” aunque agregó que “nos preocupa que se requiera endeudamiento”.

Desde el bloque demócrata, Marcos Niven, luego de anunciar su voto favorable, reclamó la construcción de “cárceles más chicas en los distintos oasis de Mendoza” para que los internos tengan el vínculo y la contención de sus familiares.

En tanto desde el PRO, Pablo Priore recordó las sanciones recibidas por la provincia por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos y opinó que la iniciativa, es una “alternativa para mejorar la resociabilización” de los internos.