Integrantes de la comisión de Desarrollo Social, que preside Beatriz Varela (UCR), dialogaron con las licenciadas Gabriela Juárez y Érica Gili, Directora de Atención a las Personas con Discapacidad y de la División Rehabilitación, respectivamente; con el objeto de tomar conocimiento sobre los certificados de discapacidad emitidos, posibles irregularidades dadas en los procesos de codificación, la creación y/o funcionamiento de un Banco Provincial de elementos ortopédicos y la adhesión a la Ley 26.816 referida al régimen federal de empleo protegido para las personas con discapacidad. 

Tanto Juárez como Gili confirmaron que en Mendoza son 45.000 las personas que poseen el certificado que acredita situación de discapacidad en quien lo porta. Sostuvieron que es posible que haya habido inconvenientes pero fundamentalmente aquellas referidas a errores administrativos. Aseguraron que en determinadas circunstancias hay errores en la codificación de las enfermedades y/o de aquellas que provocan una discapacidad, aunque siempre se busca que la prestación de la obra social se realice en quien la solicita.

Las legisladoras de la comisión consultaron por la existencia de un certificado por “infelicidad” que miembros de OSEP aseguraron que se había otorgado. Las funcionarias explicaron que es posible que exista y que hay que analizar qué pasó ya que puede ser a partir de un diagnóstico psiquiátrico o psicológico específico y no un error solamente.

En el mismo sentido, remarcaron que la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad trabaja fuertemente analizando la situación de dos franjas etareas importantes. Tal es el caso de quienes tienen entre 55 a 64 años a quienes se les asegura la prestación social pero se realiza un examen exhaustivo, del que participan las juntas médicas también, con objeto de comprender si realmente les corresponde el certificado de discapacidad y no que ciertas enfermedades sean propias de la edad.

Por otra parte, se encuentran aquellas personas entre los 5 y 14 años que tienen un peso importante en el número de certificados otorgados. Este sector es muy probablemente más vulnerable y que puedan tener mejor calidad de vida a partir de obtener el certificado es uno de los criterios de prioridad que se maneja.

Las profesionales explicaron también que se otorgan los certificados por un cierto lapso de tiempo, pidiéndole al paciente que regrese a una cierta cantidad de años, 10, 4, 1, según se requiera. En ese momento se vuelve a evaluar la situación de la persona tanto física como psíquica y socialmente, pudiendo renovar el certificado.

Con respecto a la creación de un Banco Provincial de elementos ortopédicos, Érica Gili explicó que estuvo previsto crearlo a partir de la ley 5.041, aunque nunca se reglamentó esa legislación por lo que apoyan todas las iniciativas relacionadas con ello; se reglamente aquella disposición o se apruebe el proyecto en ese sentido presentado por la diputada radical Beatriz Varela.

Asimismo, se comentó que se realizaron gestiones con la Comisión Nacional Asesora Para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) para el apoyo económico necesario para la compra de elementos ortopédicos. Érica Gili afirmó que se acordó la entrega de $1.900.000 en carácter de comodato y que con ello se adquirirán andadores, sillas de ruedas, elementos de ayuda visual y auditiva, férulas y corsés.

Finalmente, la funcionaria solicitó que se impute un presupuesto anual imputable a la Dirección de Discapacidad para poder seguir prestando el servicio que se da y a su vez destinarlo a la compra de más material y jornadas de rehabilitación, buscando cubrir más acabadamente la demanda.