Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto (HP), comenzaron hoy el análisis del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Ministerio Público.

El subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino, junto a la directora General de Presupuesto, Paula Allasino, fueron los encargados de brindar los detalles técnicos de los alcances de esta iniciativa que promueve, como puntos principales, la separación del Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal, y la autarquía financiera de este último. 

De hecho, en el primer artículo, se establece que el Ministerio Público Fiscal es “un órgano independiente que conforma y desarrolla sus funciones en el ámbito del Poder Judicial, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, con atribuciones orgánicas, autonomía funcional, autarquía financiera y presupuestaria”.

Agrega el primer artículo  que “administrará su propio presupuesto rindiendo cuentas en forma directa al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Deberá elevar su proyección de gastos y recursos al Poder Ejecutivo a los efectos de incorporarlos en el Proyecto de Presupuesto General de la Provincia en un plazo máximo de 30 días antes de la fecha establecida en nuestra Constitución para la presentación del Proyecto de presupuesto general de  la Provincia ante el Poder Legislativo”.

Asimismo, establece que “para el cumplimiento de sus funciones el Procurador General dispondrá como recursos el treinta  y cinco por ciento (35%) de la recaudación en concepto de tasa de justicia y los fondos que se le asignen anualmente a través del Presupuesto General de la Provincia”, y aclara que “no podrán realizarse modificaciones presupuestarias sobre el presupuesto votado anualmente para el Ministerio Público Fiscal sin autorización del Procurador General”.

Según explicó D’Agostino, hasta ahora el presupuesto correspondiente al Ministerio Público lo manejaba la Corte, “y lo remitía a cuentagotas”. “Entendemos importante que tenga autarquía financiera, que maneje su propio presupuesto, que tenga una cuenta aparte y también, el hecho que va a tener que rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas”.

Asimismo, destacó la incorporación al texto del proyecto de la obligación del Procurador de presentarse una vez al año ante la comisión Bicameral de Seguridad, para que explique la política criminal.

Este punto está incluido en el inciso 7, del artículo 28° del proyecto, que señala entre los Deberes y Atribuciones del Procurador General, el de “concurrir a la Legislatura al menos una vez al año ante la Comisión Bicameral, creada por art. 32 de la Ley 6721, para informar el diseño y/o modificación de la política criminal y de persecución penal adoptada, sobre las directivas e instrucciones dispuestas y los resultados obtenidos”.

Respecto de la Ley Ministerio Público de la Defensa, sostuvo que “estamos trabajando en ella”, aunque adelantó que se está analizando la figura de un Defensor General. Esta Ley “la estaremos presentando en breve”.

Por su parte, Allasino explicó que “la idea es que con la ley modificada la Tasa de Justicia que es un recurso afectado, que hoy le corresponde 100 % al Poder Judicial, el 35% de la recaudación de esta Tasa se destine al Ministerio Público, quedando el 65% a la Corte. Es una porción muy chica del presupuesto de financiamiento del Poder Judicial, que este año rondará los 100 millones, por lo tanto le corresponderá alrededor de 35 millones y el resto surgirá de aportes de la provincia”.

También destacó que esto “significará un poco de independencia, aunque la independencia viene en varios artículos donde  crean la Coordinación, ponen a un director de Administración Especial y van a tener un nuevo representante que designará el Procurador que será el encargado de administrar las cuentas”.

Los legisladores de la oposición plantearon consultas en torno a algunos artículos, tales como el 3°; 6°; 16° y 28°, e hicieron apreciaciones sobre otros aspectos abordados en el texto legislativo. Según manifestó D’Agostino, “las vamos a tomar en tanto y en cuanto no afecten el espíritu de la Ley. Nosotros pretendemos un procurador fuerte”, “entonces necesitamos darle esa fortaleza, la posibilidad de sanciones, la autarquía”, etc.

Al respecto, el titular de la comisión de LAC, Jorge Albarracín (UCR), indicó que “en general se han recibido algunos aportes y se espera la visita, para la semana que viene, del procurador Alejandro Gullé, para terminar de afinar algunos detalles de la ley que en general ha tenido una buena recepción”.

Cabe recordar, que otro de los aspectos que se contemplan es la asistencia a la víctima, imponiendo “a los integrantes del Ministerio Público Fiscal un deber de asesoramiento y búsqueda de su protección a través de los organismos que a tal efecto posee el Poder Ejecutivo Provincial”.

“El Ministerio Público Fiscal asesorará a la víctima, garantizando sus derechos y facultades establecidos en las leyes, derivándola a los órganos competentes con que cuente el Poder Ejecutivo a fin de proteger a quienes revistan el carácter de víctimas, testigos o hayan colaborado con la Administración de Justicia y por tal motivo  corran peligro de sufrir algún daño”, establece en el articulado.