La Cámara de Diputados, dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece reformas a la Ley 8.008, del Ministerio Público, planteando entre otros aspectos,  la separación del Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa fue aprobada por mayoría, sin el voto favorable del FIT.

En el articulado, se dispone que el Ministerio Público Fiscal es “un órgano independiente que conforma y desarrolla sus funciones en el ámbito del Poder Judicial, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, con atribuciones orgánicas, autonomía funcional, financiera y presupuestaria”.

Agrega el primer artículo que “administrará su propio presupuesto rindiendo cuentas en forma directa al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Deberá elevar su proyección de gastos y recursos al Poder Ejecutivo a los efectos de incorporarlos en el Proyecto de Presupuesto General de la Provincia en un plazo máximo de 30 días antes de la fecha establecida en nuestra Constitución para la presentación del Proyecto de presupuesto general de la Provincia ante el Poder Legislativo”.

Asimismo, establece que “para el cumplimiento de sus funciones el Procurador General dispondrá como recursos el treinta  y cinco por ciento (35%) de la recaudación en concepto de tasa de justicia y los fondos que se le asignen anualmente a través del Presupuesto General de la Provincia”, y aclara que “no podrán realizarse modificaciones presupuestarias sobre el presupuesto votado anualmente para el Ministerio Público Fiscal sin autorización del Procurador General”.

De esta manera, los primeros artículos contienen una descripción de la estructura del Ministerio Público Fiscal, y los principios que regulan su desempeño; se describen las incompatibilidades y se promueven las distintas formas de conciliación que permitan la solución pacífica de los conflictos.

En lo que hace a la víctima, “el Ministerio Público Fiscal asesorará a la víctima, garantizando sus derechos y facultades establecidos en las leyes, derivándola a los órganos competentes con que cuente el Poder Ejecutivo a fin de proteger a quienes revistan el carácter de víctimas, testigos o hayan colaborado con la Administración de Justicia y por tal motivo  corran peligro de sufrir algún daño”, establece en el artículo 11°.

Se contempla también, la organización del Ministerio Público Fiscal, estableciendo el modo de designación del Procurador General y de todos los fiscales, entre ellos, los Fiscales Adjuntos, que serán elegidos por el Procurador General de entre los Fiscales de Cámara que ya cuenten con acuerdo del Senado; como así también la designación de Fiscales Sustitutos.

Con respecto al artículo 7°, sobre información pública, quedó redactado de la siguiente manera: “Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso.

En los casos que corresponda secreto de sumario o reserva de las actuaciones, su violación habilitará la imposición de sanciones disciplinarias. En caso de reiteración podrá constituir causal de imputación de mal desempeño conforme lo dispone el Art. 164° de la Constitución Provincial”.

Debate

Al comienzo de las exposiciones el diputado Jorge Albarracín (UCR) señaló que “esta ley le va a dar autonomía al Ministerio Público Fiscal, desde distintos aspectos: el primero, es la funcional  que implica la autonomía financiera y presupuestaria, y también van a rendir cuentas del mismo”.

 “El ejercicio del la acción penal lo tiene el fiscal, por eso el Ministerio Público Fiscal necesita esta autonomía, porque ya no es una dependencia individual, la política criminal la define el Procurador, es único y es muy importante la separación de la defensa. Hoy el Procurador tiene dos brazos, por un lado acusa y por otro defiende, este proyecto rompe este esquema, va solamente con la acusación”, sostuvo Albarracín.

En este sentido, destacó que ya ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, creando el Ministerio Público de la Defensa.

A continuación, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Héctor Fresina y Macarena Escudero, señalaron que este proyecto es “un fortalecimiento del carácter represivo del Estado” e hicieron observaciones sobre “el empoderamiento de los fiscales”, el aumento del “ritmo laboral de los empleados judiciales” y “los superpoderes arbitrarios para el procurador”, entre otros.

Desde el FPV, el presidente del bloque, Javier Cofano, destacó “que el proyecto ha sido debatido con amplitud y receptando las propuestas” por parte del oficialismo, que permitieron transmitir las preocupaciones y reparos que se han tenido, que “ha determinado  acompañar el proyecto en su totalidad”.

Por el Partido Demócrata, Marcos Niven, destacó la importancia de trabajar en la “seguridad pública” en los temas que tienen que ver con la justicia, donde se ha “buscado mayor eficacia y rapidez”. Asimismo, subrayó que “esta autonomía financiera le permitirá poner en marcha la policía fiscal”.

Finalmente, Pablo Priore (PRO), expresó que a través de esta iniciativa se está “protegiendo a la víctima de delito”, “es lo que estamos buscando” y serán “los fiscales quienes lo llevarán a cabo”.