Ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que contiene la “Reforma del Procedimiento Correccional”.

En los fundamentos de la iniciativa, se explica que el  cúmulo de causas que registra al día de hoy la justicia penal y que supera claramente su estructura, tienen un desarrollo procedimental distinto según sea la naturaleza y calidad de pena. Conforme las estadísticas de ingreso de causas en la Primera y Tercera Circunscripción Judicial, informadas por el Ministerio Público, en la primera de ellas, el 60% de las causas que ingresan son “correccionales” (delitos que en casi su totalidad se sancionan con penas menores a tres años) y en la última, el porcentaje de causas de esa naturaleza, alcanza al  70%.

Las causas correccionales, a partir de la Ley Nº 6.730, se investigan mediante el mismo trámite que se imprime a las causas graves, esto es, mediante el procedimiento establecido en la investigación penal preparatoria, lo cual redunda en un proceso lento, engorroso y prolongado en relación a la naturaleza del hecho que se investiga, sostiene en los fundamentos el proyecto de ley.

A los fines de mejorar la situación, la Procuración General en el mes de marzo dispuso una prueba piloto de oralización de las causas correccionales, evitando que el Fiscal de Instrucción formulara el requerimiento de citación a juicio, vale decir la acusación plenaria, en forma escrita.

Cabe destacar que, entre los delitos correccionales se encuentran incluidos gran parte de aquellos ligados a la VIOLENCIA DE GENERO y, además, los HOMICIDIOS CULPOSOS.

La norma tienen como objetivo  agilizar el procedimiento de estas causas correccionales a fin de obtener una resolución de las mismas que no sea la prescripción por el transcurso del tiempo, este motivo de extinción de la acción penal constituye en definitiva un fracaso del sistema.

Para evitar este resultado en la mayor proporción de causas posibles, se ha pensado en un trámite procesal distinto para ellas, diferente a la investigación penal preparatoria, dejando sólo a salvo como excepción aquellos delitos culposos que amenazan con penas superiores a tres años.

La norma busca obtener un resultado positivo, que se verá reflejado en la resolución pronta de gran cantidad de causas mediante criterios de oportunidad, con lo que por un lado, se proporciona una inmediata respuesta a la ciudadanía, y por el otro al victimario, que toma conciencia que su conducta va a ser merituada y culminará con una resolución judicial positiva o negativa, pero en todo caso, su conducta no quedará fuera del sistema por el transcurso del tiempo.

El proyecto contempla la transformación de Fiscales Correccionales en Fiscales de Instrucción, permitiendo aumentar el número de Fiscales mediante el reordenamiento del recurso humano hoy existente, lo que facilita la creación de nuevas Unidades Fiscales especializadas por materia.

Es indispensable que todos los Fiscales sean de Instrucción, ya que pueden investigar ambas categorías de delitos, y permite de este modo a la Procuración General, una distribución acorde de Fiscales de Instrucción entre las diferentes Unidades Fiscales de conformidad a la cantidad de causas que ingresan y la especialidad que investiga cada una de ellas.