Los derechos de los niños y niñas cuyos padres se encuentran en contexto de encierro, fue el tema que congregó en el seno de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados a especialistas locales y extranjeros en minoridad y familia.

Los integrantes de la comisión que preside Beatriz Varela (UCR), recibieron así la visita de autoridades del Observatorio de Niñez de la Universidad del Aconcagua, directora Mgter Hilda Fadin,  el decano Mgter, Hugo Lupiañez, la Directora de ASIFAD de Buenos Aires, Mgter Andrea Casamento, la directora ejecutiva de la organización chilena ENMARCHA, Dra. Francisca Hidalgo Palominos, la Mgter en Criminología de la provincia, Fabiana Bhom y la Lic. Rebeca Orellano.

En la reunión se mencionó la necesidad de que “los niños con padres privados de la libertad mantengan sus derechos infantiles y no sean vulnerados por las distintas instituciones y personas que intervienen en los casos de detención”.

“La vulnerabilidad y la pobreza en la que están sumergidas los presos y sus familias,  plantean la prioridad de políticas públicas de acompañamiento psicosocial para que disminuya la reincidencia al delito y los niños puedan ir incorporando a sus vidas la realidad que les tocó vivir”, manifestaron los especialistas que subrayaron además que “en muchos casos a los niños y niñas se les oculta la verdad sobre lo que está sucediendo y sobre la situación que vive uno de sus padres o familiares, quitándoles la posibilidad de conocer su historia”.

Agregaron que crear más cárceles de grandes dimensiones “no es la solución a la problemática que se vive dentro de las cárceles” y que en el caso puntual de las mujeres condenadas con hijos, en la municipalidad de Morón, en Buenos Aires, se construyen “casitas”  con el objetivo de que los pequeños “se desarrollen en un ambiente lo más normal posible”.

Según datos proporcionados en la reunión, en el país hay 470 mil niños con padres que han estado o están en la actualidad privados de su libertad, mientras que en Mendoza esa cifra alcanza a 25 mil niños entre 0 y 13 años.

También se señaló ,según un estudio de la Universidad Aconcagua, que  los hombres encarcelados en Mendoza tienen un promedio de edad que va desde los 18 a los 35 años en un alto porcentaje, lo que significa que los hijos de estas personas son infantes que no han llegado a la pubertad aún.

“Lo que se pretende desde las instituciones y ONG es logran hacer de los penales lugares más amigables que permitan suponer que en un futuro tendremos una sociedad menos violenta e inclusiva”, señaló la diputada Varela.

La legisladora señaló además, que la intención es hacer leyes que contemplen los derechos vulnerados de los niños y las niñas que tienen familiares directos en contexto de encierro, por lo que anticipó que continuarán este tipo de reuniones y que Mendoza se dispone a trabajar fuertemente en esta temática.