La comisión de Labor Parlamentaria, presidida por el titular de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, junto al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, la  subsecretaria de Desarrollo Social,  Marcela Fernández, la directora de Género y Diversidad, Silvina Anfuso y la  coordinadora del Ministerio Público, Teresa Day, evaluaron  proyectos presentados en la Cámara Baja, sobre violencia de género y planes de acciones a seguir en ese contexto.

Ante la propuesta de  declarar en Mendoza la Emergencia en Violencia de Género, la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández indicó que “el gobierno tiene una propuesta, realmente estamos preocupados pero ésta es una situación  que no amerita una declamación, amerita trabajo  y compromiso y eso no se logra con una ley de emergencia”.

“Para nosotros la descentralización, la transferencia de recurso a los municipios, la capacitación de los equipos, la posibilidad  de trabajar con la comunidad y el darle a las municipalidades  el dinero para que ellas decidan si a las mujeres víctimas de violencia se les paga  un refugio, un alquiler o una ayuda directa   posibilita  que cada caso sea evaluado  desde la individualidad. El Estado tiene que colaborar y ofrecer herramientas que las mujeres en estado de violencia no tienen”, agregó.

Por su parte, el ministro Dalmiro Garay reforzó esta idea al señalar que “una declaración de emergencia por sí sola no soluciona ninguna problemática, nos parece que la legislatura debe acompañar al Ejecutivo controlando o destrabando  una situación concreta.”

En cuanto a la restricción de acercamiento para el victimario, Garay manifestó que “lo importante es que la victima pueda hacer efectiva la restricción de acercamiento, por un lado con el botón de pánico y la pulsera y por otro lado con el protocolo de actuación que va a indicarle al funcionario tanto policial como judicial, cuales son  las medidas correctas que hay que tomar en cada caso”.

“Hay que cambiar la visión. Esta mirada, no tiene que ser sólo  penal  sino desde una visión de género, distinta. En este contexto un protocolo de actuación debe señalar  cuál es el criterio  que se aplica por ejemplo, la exclusión de hogar o prohibición de acercamiento que no permita que el agresor fije domicilio  a cien metros de la víctima”, abundó el ministro al traer a colación el caso de Ayelen Arroyo ocurrido en Ugarteche.

El funcionario reconoció además que “uno de los grandes déficit del Estado que hemos heredado,  es la falta de estadísticas. Nosotros ahora estamos trabajando en esto con la Procuración porque nos va  a permitir hacer un mapa y determinar adonde  están los mayores casos de violencia  y poder llevar allí con más  intensidad las políticas públicas. Creemos que a principios del año 2017 contaremos con un registro mas acabado de las zonas más vulnerables”, subrayó.

En tanto la coordinadora del Ministerio Público, Teresa Day  explicó que desde su área se trabaja en la creación de la unidad fiscal  especializada en  violencia de género, que “ya hay  un protocolo armado” y que  se harán los convenios necesarios con los intendentes para que se puedan atender a las mujeres en situación de violencia en cualquier parte de la  provincia.

 “Desde el Ministerio Público Fiscal  consideramos que no es necesario declarar la emergencia. No necesitamos más medios sino reorganizar todo lo que se tiene en el Estado para un mejor abordaje de esta problemática”, indicó la funcionaria.

En esa línea anunció que articularán políticas  con el  Poder Judicial, juzgados de paz y de familia  con el  Ministerio de Seguridad y los  municipios,  y que también la zona Este contará con esta fiscalía especializada.