En el marco de análisis del proyecto de Reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras, la Bicameral de Seguridad, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés;  recibieron al ministro de Seguridad Gianni Venier; al director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; y al director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

El ministro de Seguridad explicó los alcances del proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se crea un régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece la resocialización mediante la educación, la capacitación y trabajo obligatorio de presos y participación de la víctima.

Asimismo, agradeció la participación de todos los partidos políticos, que “gentilmente acuden a estudiar y elaborar las normas propuestas por el Ejecutivo”.

El funcionario expresó que “como Estado no encontramos productos que fijen que los presos no tengan conductas ociosas, por eso atacamos ese problema, porque consideramos que de esa manera no van a cometer delitos, van a ir mejorando y ese mejoramiento servirá para permitirles una resocialización económica, que lo va a dar el trabajo y la capacitación”.

En el mismo sentido, dijo que “con esta premisa comenzamos a trabajar junto al equipo del Servicio Penitenciario en diseñar una norma que fije el trabajo como centro de la escena del servicio penitenciario. El Sistema de Ejecución Penitenciario, es un sistema progresivo por lo que la idea fue incorporarlo en la progresividad, de modo tal que el condenado sienta la necesidad y se vea obligado a romper el estado de ociosidad”.

Venier además aportó que la  Constitución Provincial fija que las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos, y tanto éstas como las colonias penales, serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan.

En cuanto a la participación de la víctima, el ministro de Seguridad concluyó que con dicha modificación, la víctima podrá seguir la condena y participar en audiencias públicas, cuando el condenado solicite algún beneficio en su sistema de ejecución.

Además sostuvo que la víctima de delito tendrá acceso al legajo de  la persona privada de libertad a su sola petición y a través de representante con poder especial o autorización simple, igual derecho asiste al querellante particular y a las organizaciones de defensa de las víctimas de delito. Aclaró que se capacitará a los profesionales que trabajen dentro del servicio penitenciario para que orienten las conductas de los presos.

Por su parte, Juan Ignacio Mulet, explicó que las personas que están privadas de la libertad tienen que dedicar una hora de su día en tareas de aseo, limpieza. Actualmente los presos tiene el deber-derecho de trabajar, pero al no estar atado a los beneficios, los presos que no tienen buena conducta no lo desarrollan.

El director de la Penitenciaría de Mendoza, Eduardo Orellana, habló sobre el Protocolo del resguardo, integridad y aislamiento. Al respecto informó que actualmente, desde su área están trabajando en el resguardo e integridad física que no implique aislamiento. La idea es crear espacios que permita llegar a todos los presos, pero esto depende mucho de la voluntad que tenga cada interno en querer capacitarse y aprender