Durante la sesión de hoy, la Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley sobre la “Reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza Ley 8465”. El mismo fue aprobado por mayoría, mientras que el bloque FIT voto negativo, y se abstuvieron de la votación Lucas Ilardo y Patricia Galván (FPV).

En los fundamentos del proyecto,  el Poder Ejecutivo  destaca que “tanto el delito como la reincidencia han crecido a niveles inusitados en la Argentina .No se ha cumplido el fin de la resocialización, salvo en porcentajes tan mínimos que ni siquiera llegan a configurarse como excepciones a la regla; y a su vez la reiterancia de delitos implica que el sistema en general propende a que quienes cometen delito, lo vuelvan a hacer”.

En este sentido la Ley  introduce  la necesidad del trabajo como pilar del sistema de conducta durante el encierro. ”Nos declaramos en contra del estado de ociosidad como producto resultante principal de las políticas acerca del encierro; entendemos que es imposible cualquier reingreso a la sociedad, si el tiempo en que se está intramuros corresponde a alguien que pierde las obligaciones esenciales de la vida, como procurar su manutención y que, además, no realiza actividades, cayendo en el estado de ocio, al que calificamos de altamente perjudicial, ya que desmerece la propia existencia y se transforma en caldo de cultivo de delitos y conductas disvaliosas por doquier”, subraya la norma.

“Nuestra reforma encara una puesta en dirección al trabajo, limitando el derecho al ocio y con la idea de replicar la realidad externa adentro de muros. Quien se encuentra allí deberá estar en actividad, lo que le permitirá una vida mejor para él y para quienes se encuentren en derredor, pero a su vez para estar mejor preparado para volver a la sociedad, para que ésta pueda recibirlo y éste tenga conocimientos que le permitan trabajar legalmente”, continúa la fundamentación.

El sistema de reinserción se desarrollará primando las labores en todas sus formas, en la capacitación, en la educación, en la introyección en el rol de las víctimas y en la retribución hacia las mismas. “Los derechos de la persona privada de libertad serán  equivalentes  a los derechos de los ciudadanos de la provincia de Mendoza, siempre que se encontraren en condiciones de igualdad”, explica otra parte del proyecto aprobado.

“Toda persona que se encuentra privada de su libertad y que ha sido condenada, ya tiene contra sí la prueba indudable de haber quebrantado la ley. Con firmeza hay que trabajar para que la ley se sepa y se comprenda, reforzando el sentido preventivo de la sanción impuesta por el tribunal que la dictó. Estos cometidos de ley van siempre en esa dirección, para reforzamiento del sistema judicial, para darle validez al contenido de las sentencias”, detalla la Ley.

La reforma convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia de quienes están privados de su libertad.

Debate

Desde el bloque oficialista la diputada Analía Jaime explicó que “este proyecto tiene como objetivo la reinserción social a través de la educación, la capacitación y el trabajo, de las personas condenadas. También tiende a bajar los niveles de reincidencia de la provincia de Mendoza”.

Además, resaltó que es  significativo  “que lo haya planteado el gobernador (Alfredo Cornejo) en la agenda pública y en la de gobierno, para trabajar estos temas que tienen que ver con la seguridad pública”.

A continuación, desde el FIT los diputados Héctor Fresina y Lautaro Jiménez señalaron que “nada en esta ley indica que algo va a cambiar”, refiriéndose a que “no se ha destinado ninguna inversión y presupuesto”, para “acondicionar” las instalaciones de las cárceles que permitan a los presos trabajar.

En el mismo sentido, se refirieron a distintos puntos con los cuales están en desacuerdo como son la no definición de las horas laborales y la remuneración económica.

Por otra parte, tanto Patricia Galván como Lucas Ilardo (FPV), pidieron abstenerse de la votación, considerando que es necesario garantizarles el trabajo y la educación a los presos, pero  que en el contexto actual no es posible que ninguno  tenga garantizado la reinserción social en las condiciones que están hoy los presos.

Igualmente, expresaron que no se dio el debate necesario en cuanto al presupuesto para mejorar la infraestructura carcelaria.

Por otra parte, Mario Diaz (FPV), subrayó que “me parece un error profundo negarnos a este desafío, me parece infantil negarnos la posibilidad de generar un proceso de cambio cultural en la penitenciaria”.

También destacó que “para muchos el preso vive en condiciones alimenticias, de seguridad, de salud, con beneficios que otros ciudadanos de humildes características no pueden acceder. Yo pienso que el preso vive en condiciones donde es imposible su reinserción, vive en condiciones donde especializa el delito”. Por ello dijo que “esta ley trascenderá al gobernador actual y a los que vienen”.

Finalmente, Pablo Priore (PRO), afirmó que es muy positiva la participación de la víctima en las causas, y que sean resarcidas, para que el preso logre la comprensión del daño causado.

Asimismo, expresó que “el ocio fomenta las adicciones, es necesario fomentar estudio y hábitos de trabajo”.