Durante el plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, funcionarios del Gobierno Provincial explicaron detalles del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de adhesión a la Ley Nacional 27.328 de Contratos de Participación Público Privada.

La normativa  permite coordinar y concentrar esfuerzos para reactivar la inversión en actividades y servicios, infraestructuras, servicios públicos, vivienda, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica, generando una herramienta positiva entre el Estado, en sus tres niveles de gobierno y el sector privado, sostuvo Javier Urrutigoity de la Asesoría de Gobierno.

También indicó que “mediante esta herramienta, alternativa a los regímenes de obra pública y de concesión de obra pública, se dirige a ampliar la oferta de recursos para la realización de proyectos dirigidos a atender la demanda social en bienes, servicios e infraestructuras de interés público, cuya ejecución producirá a la vez la creación de empleo”.

La participación del sector privado se promueve mediante el reconocimiento de una rentabilidad razonable, en contratos de larga duración. En tanto, el régimen jurídico establecido por la Ley 27328, cuya adhesión se promueve, regula los aspectos esenciales del sistema.

Sostuvo Urrutigoity que “el proyecto contempla otros aspectos  como es el respeto de la normativa de protección del ambiente, la obligación de observar las reglas de programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de rendición de cuentas, el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del contrato y la obligación de especificar los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos al Estado nacional al extinguirse el contrato”.

Indicó el funcionario provincial que “Mendoza no cuenta en la actualidad con una ley que regule la realización de proyectos bajo la modalidad de contratación de asociación público privada, motivo por el cual resulta necesario adherir al régimen nacional”.

La norma contempla la eximición del impuesto de sellos en todos los contratos y subcontratos que sean necesarios para instrumentar los proyectos, que posteriormente serán ejecutados total o parcialmente por la provincia.

Asimismo el proyecto establece la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, que estará integrada de la forma que determine la Legislatura Provincial, con las mismas atribuciones de contralor, número máximo de integrantes y participación proporcional de las respectivas fuerzas políticas. Por acuerdo de los presidentes de cada Cámara podrá reemplazarse la Comisión Bicameral por las respectivas Comisiones de Obras y Servicios Públicos.

Desde el bloque justicialista hicieron algunas observaciones en lo referido a las inversiones que puedan quedar con las utilidades del sector eléctrico o hidrocarburos. Pidieron especificar en la norma estos aspectos y no se autorice financiamiento nacional o internacional sin la intervención de la Legislatura, con las mayorías que fija la Constitución Provincial.

Por su parte el presidente de LAC, Jorge Albarracín, sostuvo que “la normativa tiene un espíritu federal y es una herramienta para concretar proyectos de envergadura, donde están incluidos los municipios. Es una nueva figura que el Poder Ejecutivo ha adaptado a través de esta propuesta”.