La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo, y al que se le acumula la iniciativa del diputado Pablo Priore (PRO), mediante el cual se adhiere a la Ley Nacional N° 27328 que regula la ejecución de los proyectos de participación Público- Privada.
Los contratos regidos por este régimen, serán una modalidad alternativa a las leyes de obra pública; concesiones de obras y servicios públicos y Régimen de Contrataciones de la LAF.
El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el diputado Jorge Albarracín (UCR), sostuvo que “se receptaron varias inquietudes de la oposición y se logró despacho favorable del proyecto”, como por ejemplo, que “que se respetaran las autonomías municipales en cuanto a las unidades de ejecución; que el sistema de licitación fuera el mismo que se utilizaba en la provincia”, y que “en general, se respetara el ordenamiento mendocino vigente en la materia”.
Sostuvo el legislador que “normalmente la obra pública se hace por un préstamo o por una erogación presupuestaria o a través de una concesión; en este caso, es una mezcla de ambos sistemas”, es decir, “al hacer obras públicas, como casas u otro emprendimiento, podrán participar tanto el (sector) privado como el público, en las cuotas de participación que se establezca. Con lo cual es una menor erogación para el Estado y también es una certeza para el privado. Es una figura colaborativa que se utiliza en países como Brasil, Uruguay y Chile y que ha dado muy buenos resultados”.
Por su parte, Pablo Priore (PRO), expuso que “es un proyecto sumamente beneficioso para la provincia, un sistema que se aplica en Uruguay, Chile y España, que es ventajoso porque permitirá la construcción de viviendas, con la inversión de capitales privados”.
A continuación, Claudia Segovia (PJ), señaló que “esta ley plantea un cambio paradigmático”, aunque aclaró que “en general lo aprobaremos, porque han aceptado las modificaciones propuestas que tendían a asegurar prerrogativas constitucionales y a cuidar el endeudamiento”.
En este sentido, explicó que desde el bloque del PJ propusieron modificaciones en la redacción de los artículos 1°, 8° y 11°.
Desde el FIT, expresaron su negativa a acompañar el proyecto, ya que consideran que “sienta un precedente” porque podría afectar “los recursos económicos y naturales de nuestro país”.
La iniciativa contempla el impacto ambiental, a los fines de la promoción de la protección y cuidado ambiental, previsto en las normas reglamentarias vigentes, y aclara que sin perjuicio de las preferencias a empresas, pequeñas y medianas o industria nacionales, los pliegos podrán disponer preferencias a empresas radicadas en la provincia.
Además, establece la constitución de una Comisión Bicameral de Seguimientos de Contratos de Participación Público-Privada, que estará integrada de la forma que determinen las respectivas Cámaras, con las mismas atribuciones de contralor, número máximo de integrantes y participación proporcional de las fuerzas políticas.
Prensa junio 28- Adhesión a la Ley nacional que regula la ejecución de los proyectos de participación público- privada