La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, recibió al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, quien explicó las modificaciones propuestas a la Ley 3909, de Procedimientos Administrativos.

Según expuso el ministro, se trata de  una Ley “central”, que data de hace 34 años y que ahora se intenta modificar para, entre otros aspectos, adaptarla a los procesos de modernización del Estado en los que tanto el gobierno provincial como la Cámara de Diputados, se encuentran inmersos.

“Es una Ley que al mendocino común le modifica la forma en que se relaciona con el Estado, la forma en que le reclama al Estado, simplifica los plazos, introduce todo lo que es el sistema electrónico que estamos ya implementando en la provincia y genera mayores obligaciones de transparencia e información pública y de participación del ciudadano, en cómo se gestionan sus fondos hoy por hoy”, expresó Garay.

En esa línea, indicó que la normativa “regula la actividad el Estado”, en “cómo dicta sus actos administrativos, cómo resuelve las quejas, cómo resuelve los recursos”. “Le da muchas garantías al particular que hoy no estaban, no porque la Ley sea mala sino porque es una Ley que con 34 años necesitaba una modificación”.

Asimismo, esta legislación “prevé todos los procedimientos electrónicos que nosotros ya estamos trabajando hoy”, dijo, y añadió que “el expediente GDO que es el de Gestión de Documento Electrónico, ya se está aplicando. Tenemos más de 20 mil expedientes funcionando. Hoy por hoy implica el punto de partida del sistema”.

En ese sentido, cabe recordar que la Cámara de Diputados se encuentra en el mismo proceso de documentación electrónica, para lo cual se han dispuesto una serie de jornadas de capacitación al personal y se ha previsto para fines de agosto, avanzar en el “sistema en producción o prueba”,  con los módulos de Escritorio Único, Comunicaciones Oficiales y GEDO - Generador Electrónico de Documentos Oficiales -. Una vez cumplimentada esa etapa, el paso siguiente es la implementación del Expediente Electrónico y a partir de allí, de acuerdo a su complejidad, se empiezan a analizar los diferentes trámites inherentes al funcionamiento tanto administrativo como legislativo de la Cámara y se fijará una fecha a partir de la cual deja de ser válido el papel. 

El ministro Garay, manifestó también que “lo que necesitamos es el marco legal que nos permita desde lo jurídico, convalidar lo que estamos haciendo desde la técnica”.

Si bien “teníamos una ley especial”, lo cierto es que “habíamos generado un sistema mucho más amplio que va a permitir no sólo la gestión digital hasta el dictado del acto administrativo sino incluso la notificación electrónica”, subrayó.

“Es un proceso en el que estamos avanzando que lo que hace es: transparentar la gestión, porque ningún expediente ya se puede perder; generar mayor economía en tiempo, porque un expediente normal en comparación con el expediente electrónico tiene diez veces más de tiempo que lo que demora un electrónico;  y además, da mucha más eficacia en el ejercicio de la función pública”, ponderó el funcionario provincial.

Al mismo tiempo, apunta a la desburocratización, teniendo en cuenta que “con el proceso electrónico, no sólo nos va a permitir medir el procedimiento administrativo y saber dónde está el nicho de ineficiencia, sino también solucionarlo y lograr en el menor tiempo posible que el administrador logre la mejor respuesta en la administración”.

De la reunión, que estuvo presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, y el titular de la comisión de LAC, Jorge Albarracín (UCR), participaron César Biffi, Pablo Narváez, Julia Ortega, Gabriel Balsells Miró, Analía Jaime, Jorge Sosa y Marcelo Osorio, por el bloque de la UCR; Carina Segovia, por el PJ y el senador. Marcelo Rubio (UCR).