La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, continuó con el análisis de las modificaciones a la ley que tienen media sanción del Senado, que incluye la seguridad vial y la derogación parcial de la ley 6082 de Tránsito y Transporte.

Esta ley regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, vehículos terrestres y animales, el transporte de cargas y pasajeros, la seguridad, infraestructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueran causa del tránsito, excluidos los ferrocarriles, con el objeto de proteger la vida y la seguridad vial de las personas.

También establece que queda prohibida la retención o demora del conductor, de su vehículo, de la documentación de ambos o de la licencia habilitante, por cualquier motivo, excepto en los casos expresamente contemplados por esta ley o lo ordenado por Juez competente.

En cuanto a los municipios, los mismos deberán dictar las Ordenanzas sobre la materia  y además deberán  implementar un cronograma de creación de los Juzgados Administrativos Municipales de Tránsito y de los Cuerpos Municipales de Tránsito. Transcurridos tres (3) meses desde la vigencia de la presente ley los Municipios de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, San Martín y Maipú.

En el término de ocho(8) meses los Municipios de Guaymallén, Las Heras, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe y en el término de doce (12) meses los Municipios de Junín, Lavalle, San Carlos y San Rafael.

Cabe destacar que en la actualidad los departamentos de Capital, Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y  San Martín, cuentan con Juzgados viales y cuerpos de tránsito; Las Heras y Guaymallén solamente con  personal de tránsito.

La norma también establece que los vehículos retenidos que no se encuentren a disposición de la justicia provincial, y que no correspondiera su entrega a quienes alegaren derechos sobre ellos, IV en un plazo de seis (6) meses desde su retención, los mismos serán puestos en depósito, a disposición del Ejecutivo Municipal o del titular de Resoluciones Viales, según corresponda, pudiendo ser afectados a las funciones inherentes a las prestaciones de servicios públicos. Dichos vehículos deberán ser identificados con la inscripción “vehículo retenido ley de seguridad vial”, excepto que el vehículo se afecte a tareas de investigación o inteligencia de la Policía de Mendoza.

En esta ocasión los legisladores recibieron a Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial y Teresa Day del Ministerio Público Fiscal.

Los legisladores del bloque justicialista plantearon algunas dudas con respecto a la norma  especialmente lo relacionado con las funciones de los municipios, las multas y los recursos con los que contaran los departamentos. También sobre el procedimiento  y metodología de cómo se van a transferir funciones de la provincia a los municipios.

Néstor Majul  al término de la reunión sostuvo que “la principal inquietud que el justicialismo ha planteado es el tema de los recursos con los que contaran los municipios para implementar y  afrontar la creación de los juzgados viales”.

Destacó el funcionario provincial que  “la norma tiene como objetivo saldar una deuda pendiente en este aspecto  y bajar el índice de siniestralidad y para eso debemos convocar a otros actores y queremos sumar a los municipios que conocen mejor su realidad.  Estamos dispuestos a recepcionar todo tipo de inquietud, pero lo principal no pasa por lo económico, estamos convencidos que los municipios que no tienen absolutamente nada, pueden afrontar  y reestructurar cada área con el personal que tienen e iniciar este proceso”.

Por su parte el presidente de LAC, el diputado Jorge Albarracín (UCR) indicó que “fue una buena reunión, participó el Frente para la Victoria que la semana pasada no había asistido, con muchos planteos que pasan más por lo presupuestario, porque todos está de acuerdo en que las funciones pueden o no ser municipales, la ley prevé que los recursos de las multas los podrán llevar los municipios, permitirá la sustentabilidad y progresivamente poner en marcha todo el sistema”.

Desde la bancada justicialista, la diputada Carina Segovia dijo que “la principal duda es la metodología de cómo se va a transferir responsabilidades que hoy son de la provincia a las municipalidades. Sobre todo aquellos departamentos que hoy no cuentan ni con policía de tránsito, ni juzgados de tránsito. No creemos que las multas  puedan ser suficientes para crear un sistema”.