La Cámara de Diputados, con 37 votos a favor y 11 en contra, dio media sanción al Proyecto de Ley que prevé la pauta presupuestaria de la provincia para 2018, que contempla erogaciones corrientes  por $76.483.796.000 e ingresos corrientes  por $77.526.219.000. 

En tal sentido y teniendo en cuenta el remanente de ejercicios anteriores más el uso del crédito con autorización legislativa previa, este Presupuesto prevé uso del crédito por $1.918.730.000, para obras relacionadas principalmente con la salud pública, la seguridad, la educación y la vivienda social. 

Según explicó Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, la pauta presupuestaria contempla la situación macro fiscal nacional y provincial al igual que las proyecciones de las principales variables macroeconómicas nacionales, tales como una variación real del PBI, del 3,5% y una variación del IPC, del 15,7%. 

Asimismo, indicó, “se plantea una política fiscal basada en tres pilares:       incremento de la inversión pública y privada; disminución de la presión fiscal para descomprimir e incentivar la actividad económica y consolidación fiscal, esto es, el orden fiscal y la eficiencia del gasto como señal para restablecer la confianza de los inversores y demás agentes económicos”. 

Destacó en ese sentido, “el superávit corriente de 1.042,4 millones de pesos en donde se ha mantenido y mejorado la calidad de servicios y provisión de bienes públicos”, al tiempo que hizo hincapié en que “este Presupuesto presenta el plan de inversión más ambicioso de los últimos siete años, con una inversión total de  8.215,4 millones de pesos”. 

Resaltó al respecto algunas de las principales obras previstas en este plan de inversión, tales como la ampliación y refuncionalización del Hospital Schestakow; la guardia del Hospital Central; la maternidad del Lagomaggiore; la construcción de más 2.500 viviendas; la instalación de cámaras de seguridad en el Parque General San Martín y la construcción  de 36.000 metros cuadrados de la cárcel de Almafuerte. 

En la pauta presupuestaria para el ejercicio 2018, se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito con Organismos Multilaterales de Crédito, Programas y Fondos Fiduciarios Nacionales por hasta la suma de $500.000.000, con destino a la financiación de las obras del Plan de Trabajos Públicos. Además, se lo autoriza a hacer uso del crédito a fin de financiar las contrapartidas provinciales para operaciones con Organismos Multilaterales de Crédito, Programas y Fondos Fiduciarios Nacionales. 

Contempla autorización al Ejecutivo para hacer uso del crédito con proveedores en forma directa, indirecta o por intermedio de operaciones de leasing pudiendo afectar a tales efectos recursos y/o activos provinciales como garantías de la operatoria, para la adquisición de bienes de Capital, tales como  la adquisición de 30 vehículos para el transporte públicos de pasajeros,  por la suma de $70.000.000; la adquisición de cámaras de seguridad y elementos accesorios por $130.312.986, y la adquisición de un sistema de monitoreo en las unidades penales por $33.000.000. 

En otro orden se autoriza uso del crédito por hasta USD 15.000.000 o su equivalente en otras monedas, con destino a financiar a los Municipios que presenten proyectos tendientes a mejorar la eficiencia energética en el alumbrado público y que adhieran al financiamiento propuesto. Al respecto, el texto señala que el financiamiento a los Municipios adherentes se realizará a través de préstamos cuya instrumentación deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. También uso del crédito por hasta USD 2.000.000, con destino a mejorar la eficiencia energética y/o ampliar la cobertura del alumbrado público en rutas y caminos de jurisdicción provincial. 

En lo que respecta al financiamiento provincial para construcción de viviendas , “a efectos de garantizar los fondos necesarios para mantener la ejecución de la política de vivienda conforme las curvas de inversión establecidas en los contratos de construcción de viviendas y procurando dar continuidad a los procesos iniciados a través del IPV”, se autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito por las contrapartes de origen nacional de los programas vigentes y/o los programas de vivienda necesarios para la  relocalización de familias a causa de la realización de obras viales o ferroviarias por hasta un monto de $ 600.000.000. 

También se autoriza a la Secretaría de Servicios Públicos a transferir como Aporte de Capital y/o Transferencia para financiar erogaciones de capital desde la suma de $ 120.000.000 para AySAM S.A.P.E.M., así como al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía quien podrá transferir desde la suma de $ 821.000.000 para el Instituto Provincial de la Vivienda, en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible. 

Por otra parte, la Secretaría de Servicios Públicos, podrá invertir en la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. hasta la suma total de $ 15.000.000 para la adquisición de elementos destinados al Metrotranvia urbano de pasajeros y de $70.000.000 para la adquisición de unidades de transporte híbridos y otros bienes de capital. 

De igual forma, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, a transferir al E.P.A.S. hasta la suma total de $ 48.992.000 con destino a la realización de obras públicas por cuenta y orden de la Provincia de Mendoza para garantizar el servicio de agua potable brindado por los pequeños operadores. 

Entre otros aspectos se dispone un aporte  a  Fideicomisos  administrados  por  Mendoza Fiduciaria   S.A. de hasta $200.000.000, con el objeto de financiar a productores mendocinos para adquisición de activos fijos y/o capital de trabajo, así como 10 millones de pesos para el Fondo para la Transformación y el Crecimiento. 

Desde el FIT, el diputado Lautaro Jiménez anticipó la negativa de su bloque a acompañar la iniciativa e indicó que “el problema es estructural. No están dispuestos a desprenderse de la necesidad de pedir endeudamiento. Los números expuestos han sido elocuentes”. Agregó además que se ha superado la inflación prevista y que en tal sentido, “los aumentos salariales han perdido 4 a 5 puntos” y “no hubo una sola rebaja de impuestos para los sectores populares”. 

Asimismo, en coincidencia con lo expresado por los diputados Héctor Fresina, Cecilia Soria y Macarena Escudero, criticó las decisiones económicas y financieras que se tomaron en la provincia; remarcó que en Mendoza no hay “desarrollo armónico”; consideró insuficiente la cantidad de viviendas que pretende construir el gobierno y resaltó que “este Presupuesto tiene un endeudamiento escandaloso”. 

Desde el justicialismo, Jorge Tanús – quien junto a otros 6 diputados del PJ votó negativamente el proyecto -  consideró que ha habido “colaboración desmedida” por parte del peronismo, ya que el gobernador dispone de endeudamientos autorizados por la Legislatura en Presupuestos anteriores. 

“El gobernador tendría que ser más prudente al pedir financiamiento”, remarcó Tanús, quien consideró que el plan de inversión previsto no es equitativo con todos los departamentos. 

Por su parte, el diputado Javier Cofano (PJ), adelantó que un sector de su bloque votaría a favor del proyecto, y fundamentó su postura expresando que “en estos temas tan complejos a veces no compartimos la proyección de ingresos que habrá durante 2018, pero también comparto muchos de los conceptos que se han expresado aquí”. 

Agregó Cofano que se ha dado un debate “intenso dentro del PJ” y que “hemos querido dar todas las herramientas para que el gobernador pueda gobernar”. 

Tras indicar que la presión impositiva “no ha bajado” en este presupuesto y que “ahora hay deuda” que condiciona el futuro de la provincia, expresó que “la oposición no puede arrogarse la potestad de plantear un Presupuesto porque no somos gobierno. Podemos sugerir, mejorar, y en eso hemos estado trabajando”.