La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presida por el diputado Jorge Albarracín (UCR), recibió al Subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino y a la Coordinadora del Ministerio Público Fiscal, Teresa Day, para analizar dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo vinculadas a la creación del fuero penal colegiado y la regulación de intereses moratorios.
Con respecto a la regulación de intereses moratorios, el proyecto establece que la tasa de interés moratorio, a falta de acuerdo entre las partes o ausencia de otra ley especial aplicable al caso, tendrán una tasa equivalente a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la que por decisión judicial fundada en las especiales circunstancias del caso, se podrá reconocer un adicional de hasta el 5% anual, desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago.
En el caso del deudor perseguido judicialmente, que litigue sin razón valedera, podrá ser condenado a pagar un interés de hasta dos veces lo establecido anteriormente. Los jueces, de oficio, graduarán el acrecentamiento de la tasa atendiendo a las circunstancias de cada caso.
Además, la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, establece que en el caso de que las sumas adeudadas fueran exclusivamente por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, se aplicará la tasa de interés por préstamos personales de moneda nacional al sector privado no financiero, a más de 180 días de plazo, que informa el Banco Central de la República Argentina.
Creación del fuero penal colegiado
A continuación, el Subsecretario de Justicia se refirió al segundo proyecto de ley, también con media sanción de la Cámara Alta, por el que se crea el Fuero Penal Colegiado en el Poder Judicial de la Provincia, integrado por los Tribunales Penales Colegiados y los Juzgados Penales Colegiados.
“La idea es dividir en principio, toda la parte que es de administración de un juzgado con la parte de juzgamiento propiamente dicho, de la parte de dictado de sentencia y resoluciones. Hoy en día los juzgados son como islas en donde la cabeza es el juez, con sus funcionarios y empleados debajo de él y que no están interconectados con los demás juzgados”, señaló D´Agostino.
Además, explicó que “el juez no sólo lleva adelante la función jurisdiccional, sino también la administrativa del juzgado”, es por ello que se propone “por un lado una oficina que se encargue específicamente de lo administrativo y que el juez lo único que tenga que hacer sea juzgar”
Para ello “se crean los llamados Juzgados Plurales Colegiados, que serían integrados por todos los Jueces de Garantía, Correccionales y de Faltas de la Provincia, donde estos juzgados van a tener y llevar adelante la función de juzgar y de tener que dictar sentencia”.
En el mismo sentido, la iniciativa propone la creación de una Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), por cada uno de los Tribunales Penales Colegiados y Juzgados Penales Colegiados, bajo la dependencia jerárquica de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, que “se encarga de la función administrativa de modo tal que el juez no tenga que preocuparse si viene un empleado, si el testigo va a estar en horario, si la audiencia va a ser en tal o cual horario, o si va a tener algún tipo de inconveniente”, explicó el Subsecretario de Justicia.