Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ratificación del Decreto 2481, por el cual se aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017, entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales.

En ese marco, se prevé también autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a que desista de los procesos judiciales iniciados por la Provincia de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El diputado Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, explicó en el recinto la necesidad de aprobar este Consenso Fiscal, remarcando algunos de los objetivos que se persiguen a través de este pacto firmado por Nación y todas las provincias, a excepción de San Luis.

Destacó al respecto que “en el caso de los ingresos fiscales nacionales, había un cumulo de aproximadamente 50 acciones judiciales entre las provincias y el gobierno nacional y lo que se pretende es lograr una salida formal que beneficie” a todas las partes y, a la vez, “establezca las condiciones para una correcta distribución de recursos fiscales y una plataforma de base inicial para una discusión que próximamente tendremos, relacionada con una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos”.

Los alcances del Consenso Fiscal, que pasó al Senado para su aprobación definitiva, están divididos en tres compromisos, “un apartado que tiene que ver con el compromiso de las jurisdicciones y del gobierno nacional de avanzar en una modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, subrayó el legislador, otro vinculado “con la derogación del artículo 104 de Impuesto a las Ganancias”, y que a partir de este pacto “todo lo recaudado bajo este concepto iría a formar parte de los fondos coparticipables entre el gobierno nacional y las provincias, lo que le significa a Mendoza un impacto positivo de aproximadamente 250 millones”, y por otro lado, “se consensuaron modificaciones en el Impuesto al Cheque”, de manera tal que el total de este impuesto “irá a capitalizar la ANSES y por lo tanto eso significará un impacto negativo para todas las jurisdicciones, no sólo para Mendoza, de aproximadamente 1320 millones de pesos”, resaltó.

Sin embargo, aclaró que “también hay que tener en cuenta que dentro de los compromisos que asume el gobierno nacional es dar solución a esta situación” y “realizar compensaciones provinciales que serán actualizables y que se transferirán en forma diaria y automática. Se estima que en función de los montos mencionados anteriormente, la provincia de Mendoza recibirá por año, aproximadamente 1071 millones bajo el concepto de compensaciones, lo cual, teniendo en cuenta los dos cambios en los impuestos señalados, estamos hablando de un efecto de suma cero. No tendríamos ni beneficios ni sacrificios en relación a estas modificaciones”.

Se establece por otra parte, un bono en efectivo que el gobierno nacional dará a todas las jurisdicciones y que en el caso de Mendoza, representaría 315 millones de pesos para el año 2018  y 10 cuotas anuales y consecutivas de 670 millones de pesos desde el año 2019 hasta el 2028.

En lo que respecta a las modificaciones de las alícuotas y de los impuestos provinciales, específicamente en Ingresos Brutos, “permitirá lograr que los sectores económicos sean más competitivos, dado que algunas actividades comprendidas están relacionadas con los sectores industriales, transporte, y creemos firmemente que la presión impositiva es uno de los impedimentos para lograr tal competitividad”, dijo.

Desde la oposición, que votó en contra este proyecto remitido por el Ejecutivo provincial, se manifestó que Mendoza cede facultades a la Nación con la consecuente pérdida de federalismo.

Tanto Héctor Fresina como Lautaro Jiménez (FIT), señalaron que “Mendoza no se verá beneficiada” con este pacto, en tanto que desde el PJ, Omar Parisi, Mario Díaz, Patricia Galván y Lucas Ilardo, también hicieron referencia a que “vamos a rescindir nuestros derechos a favor de Buenos Aires. Este pacto fiscal genera una afectación de la reforma previsional, impositiva y laboral”.