Según señalan los fundamentos, el objeto es limitar el acceso a cargos de orden público y de cualquier rango jerárquico del gobierno provincial, a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados a causas de violencia de género “con el objetivo de visibilizar este flagelo social y contribuir a su erradicación y deslegitimación en nuestra sociedad”.
Textualmente, el primer artículo de esta media sanción promueve que “a partir de la sanción de la presente Ley, no podrán acceder o permanecer en el ejercicio de la función pública las personas condenadas con sentencia firme por delitos en los que se hubiere verificado la ocurrencia de las acciones contempladas por el artículo 4º de la Ley Nº 26.485, en tanto las mismas configuran manifestaciones de violencia contra las mujeres, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas provinciales”.
“En caso de que en dichos delitos recayera la condena accesoria de inhabilitación para ocupar y/o ejercer cargos públicos, la prohibición dispuesta en el presente artículo tendrá idéntica duración al plazo de la inhabilitación especial”, añade.
Aclara asimismo, que se entiende por funcionario público, toda persona “aspirante a desempeñar funciones públicas en cualquiera de los Poderes del Estado y/o en sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, exceptuados del alcance de las normas provinciales relativas al empleo público”.
También establece que la Suprema Corte de Justicia será la autoridad competente para llevar el registro correspondiente, el que deberá ser permanentemente actualizado y expedir los certificados necesarios para poder acceder al ejercicio de la función pública.
Galván, sostiene al respecto que “la violencia, que afecta a casi el 70 por ciento de las mujeres en algún momento de sus vidas, se ha vuelto una pandemia y se advierte que a menos que disminuya la violencia contra las mujeres, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio será imposible de lograr”.
“De esta manera, nuestra provincia no puede dejar de sumarse a estas acciones de los estados mediante la adecuación de las normativas e instituciones que sean necesarias, implementando iniciativas o profundizando las existentes para poder garantizar el compromiso de gobernar en vistas a sociedades igualitarias, promoción de las transformaciones culturales que permitan deslegitimar totalmente la violencia contra las mujeres y la vigencia de todo tipo de estereotipos y símbolos que permiten la violencia sexista en perjuicio de las mujeres”, añade la legisladora.
La media sanción, obtuvo el voto afirmativo de todas las bancadas a excepción del bloque del FIT, que se abstuvo, por considerar necesaria otra redacción para algunos artículos.