El debate sobre el proyecto giró en torno a tres ejes que fueron descriptos por la diputada María José Sanz (UCR). Los mismos son: la implementación de un nuevo sistema de denuncias, el agravamiento de las sanciones correccionales (para quienes ofendan a docentes) y la creación de la figura del Defensor del Docente.

Sobre el tema se expresaron también las diputadas Sonia Carmona y Silvia Ramos, por el Partido Justicialista, y Cecilia Soria seguida de Lautaro Jiménez (FIT).

Quienes hicieron uso de la palabra, coincidieron en que el nuevo sistema de denuncias otorga herramientas para aquellos casos en los que desde las instituciones educativas, los docentes adviertan que se puedan estar cometiendo alguna vulneración de derechos sobre alumnos, sobre las niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, para el caso de las agresiones (verbales y/o físicas) a docentes, se agravan las sanciones para quienes las cometan. Los legisladores subrayaron que las escuelas han acabado, en última instancia, siendo las depositarias de casos de violencia social, por lo cual agravar aquellas sanciones para quienes cometan agresiones contra los docentes es una medida necesaria.

Finalmente, la creación de la figura el Defensor del Docente, otorga a los mismos la asistencia y representación jurídica en los casos en los que haya formulación de denuncias penales o correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular. Esto en relación a aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos, con motivo del ejercicio regular de la función docente.