La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de Ley venido en revisión del Senado, por el cual se modifican algunos artículos de la Ley 8993, de creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.

De esta manera, el artículo 12, inciso 3.1 de dicha normativa, dispone la prórroga “por única vez” del plazo de 60 días establecidos en la Ley para la presentación de las declaraciones juradas en el caso de los titulares de concesiones de servicios públicos, “el que se contará a partir del 10 de agosto de 2018”.

También se agregó al final del Artículo 13, referido a los plazos para la presentación de una declaración jurada patrimonial integral y una declaración de funciones, de todos los comprendidos en la Ley, el siguiente texto: “Para el año 2018 de puesta en funcionamiento de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, prorrógase por única vez el plazo de sesenta (60) días, el que se contará a partir del 10 de agosto de 2018. Para el año 2018, la fecha de presentación de la nomina de los funcionarios obligados para los encargados de personal de las reparticiones comprendidas es el 30 de junio de 2018.”

Finalmente, fue modificado el artículo 36 de la Ley 8993, estableciendo que “los sujetos comprendidos en la presente Ley que se encontraren en funciones a la fecha en que el régimen entrare en vigencia, deberán cumplir con la presentación de su declaración jurada dentro del plazo de sesenta (60) días, los que se computarán a partir del 10 de agosto de 2018”.

Según explica el autor de la iniciativa, el senador Marcelo Rubio (UCR), la Ley 8993 determina en el Capítulo III, el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales, Sujetos comprendidos y Plazos de presentación de las mismas ante la Autoridad de Aplicación.

Por su parte el artículo 43 establece que esta Ley entrará en vigencia a partir del nombramiento del Auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, lo que ocurrió el 11 de este mes, luego de que se aprobara en el Senado la designación de Gabriel Balsells Miró, como auditor de dicha Oficina.

En tal sentido, señala Rubio, “a los efectos de la implementación y cumplimiento de la normativa contenida en la ley 8993, es menester implementar el funcionamiento de un Sistema Informático para el manejo de una base de datos con todas las medidas de seguridad que correspondan a los efectos de permitirle a cada uno de los obligados por esta ley a presentar y cargar su Declaración Jurada por primera vez, y a renovar periódicamente su contenido de acuerdo a los establecido legalmente”.

Por tal motivo, con estas modificaciones, se pretende hacer una salvedad para “contemplar para este primer año de creación una prórroga lógica para que al comenzar a regir, el Sistema Informático pueda recibir, alojar, y proteger los datos incorporados con estrictas normas de seguridad. Luego de la finalización del año 2018, comenzarán a regir los plazos establecidos originariamente en la norma”.