El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley por el cual se declara de interés provincial el Programa de Control y Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana, conocida como la polilla de la vid.

En tal sentido el titular del ISCAMEN, Alejandro Molero, explicó ante la comisión de Labor Parlamentaria los pormenores de esta iniciativa que designa a dicho organismo como autoridad de aplicación, en el marco del Programa “Control y Erradicación de Lobesia Botrana”, quien diseñará y presupuestará, anualmente, el programa de intervención con el objetivo de reducir la presión de plaga en todos los oasis productivos de la Provincia, hasta alcanzar su erradicación.

Indicó el funcionario provincial, que “es fundamental darle continuidad a lo realizado  el año pasado, donde logramos reducir un 70% de la presión de la plaga en la provincia, donde productores con pérdidas de hasta el 50% de su cosecha en manos de esta plaga,obtuvieron una menor pérdida en racimos al término de la temporada y por eso la lucha contra esta polilla de la vid necesita continuidad en el tiempo”.

Destacó Molero que “conocemos y sabemos  de las dificultades que atraviesa el sector pero es necesario llevar adelante la próxima campaña, porque de otra manera retrocedemos y se pierde la inversión realizada el año pasado”.

También hizo hincapié que  “el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo deja  exento del pago de esta contribución alrededor del 70% de los productores en algunos oasis, porque tributan solamente  aquellos que tienen más de cinco hectáreas. Por lo tanto en el oasis sur el 70 por ciento de los productores vitícolas no paga este tipo de aporte y en los oasis de una mayor incidencia de la vitivinicultura alrededor de un 50 por ciento de los productores no estarían tributando”.

El presupuesto del programa anual de intervención será financiado  con los aportes que asigne el Gobierno Nacional; los del Gobierno Provincial y el monto efectivamente recaudado en concepto de contribución obligatoria especial de los productores vitícolas radicados en la provincia.

Al respecto, el proyecto establece una contribución obligatoria especial a cargo de los productores vitícolas registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, por la superficie productiva cultivada que supere las 5 hectáreas, en tanto que el pago de la contribución no exime al productor de realizar los tratamientos sanitarios contra Lobesia Botrana que le exija la autoridad sanitaria nacional y/o provincial.

Dispone a tales fines que para el año 2018 la contribución obligatoria especial será de 1.500 pesos por hectárea, monto que será actualizado anualmente por Ley Impositiva, en función de la evolución de costos asociados al programa anual que prevea el ISCAMEN y de los aportes que hayan sido previstos en los presupuestos de gastos de los Gobiernos Nacional y Provincial.

A los efectos del cobro y fiscalización de la contribución obligatoria especial y de las obligaciones de los agentes de retención y del pago de la misma, la Autoridad de Aplicación tendrá todas las facultades comprendidas en el Código Fiscal de la Provincia.

Faculta además  al ISCAMEN a delegar las facultades de emisión, distribución y cobro de la Boleta de Pago correspondiente a la Contribución Obligatoria Especial al Departamento General de Irrigación.

Según el proyecto del Ejecutivo, el pago de la contribución obligatoria especial realizado por los productores vitícolas será destinado por la Autoridad de Aplicación a financiar, únicamente, la adquisición de insumos y servicios que demande el programa anual definido, mientras que las condiciones y plazos de pago serán establecidas en la reglamentación.

A los efectos de complementar el sistema de recaudación de la contribución obligatoria especial, se establece que todos los establecimientos vitivinícolas radicados en Mendoza e inscriptos en el ámbito del I.N.V. serán agentes de retención y responsables de depositar los fondos correspondientes a la contribución obligatoria especial de aquellos productores vitícolas que no hayan cumplimentado su obligación, al momento de adquirir la uva o los productos vitivinícolas elaborados por cuenta de terceros o a maquila.

El incumplimiento de la contribución obligatoria especial será sancionado con la exclusión del productor de recibir insumos en los futuros programas de intervención que defina la Autoridad de Aplicación, debiendo cumplir por su cuenta con los tratamientos sanitarios exigidos, excepto en aquellos casos donde el productor certifique estado de emergencia o desastre agropecuario.

Si hubiera fondos de aportes públicos o privados remanentes luego de cerrado el programa anual, los mismos quedarán afectados e integrarán automáticamente el presupuesto del programa del año siguiente.

Asimismo, se faculta al Ejecutivo provincial a ampliar y modificar el presupuesto general de la administración pública 2018, a los efectos de dar cumplimiento a esta ley, y se dispone que el ISCAMEN deberá informar anualmente a la Legislatura los resultados y la evolución del Programa, una vez finalizada la vendimia de cada año.

Finalmente, se deja expresado que la ley tendrá un plazo de duración de 3 años y se faculta al Poder Ejecutivo, en función de los resultados obtenidos, a extender su vigencia por un plazo no mayor a 2 años.

Cabe destacar que esta plaga fue reconocida por la Autoridad Sanitaria Nacional (SENASA) durante el año 2010 y, si bien es cierto que se llevaron a cabo medidas para su control, la expansión de la misma fue exponencial pasando de 1.500 hectáreas afectadas en 2010 a unas 150.000 ha, en la actualidad.

La plaga se expandió durante esos años y a partir de 2015 comenzó a afectar, con pérdidas concretas de producción, a los viñateros mendocinos localizados en las Regiones Norte y Este dentro de un área que abarca unas 50.000 hectáreas, aproximadamente. Dichas pérdidas, alcanzaron índices promedio de entre un 20% y 30% de la producción anual.

No obstante, fue recién en el año 2017 que se pudo apreciar una fuerte disminución del nivel de presión de plaga, debido al programa de control que se llevó a cabo en 150.000 hectáreas en todos los oasis productivos de la provincia.