La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales
Aldana Romano sostuvo que el principal objetivo de la puesta en marcha de los Juicios por Jurado es “devolverle a la ciudadanía su derecho a participar en la administración de justicia que le venimos vedando hace más de 150 años y porque vamos a disponer una mejor administración de justicia. Cuando la ciudadanía interviene controla y se eleva la calidad de esa administración”.
Indicó Romano que “logra que la publicidad deje de ser un mero enunciado y se convierta en realidad, hace que todo lo que pasa en una sala de audiencia sea realmente comprendido y comprensible para todos, no solamente para la víctima y el imputado que están presente sino también para la ciudadanía”.
Con respecto a los jurados explicó que “los seleccionados deben tener sentido común, compromiso y responsabilidad de escuchar todas las pruebas que se presentan en el juicio y a partir de esas pruebas poder deliberar si esa personas que está acusada de determinado hecho es culpable o no. En función de las investigaciones que venimos realizando tanto en la provincia de Neuquén como Buenos Aires, los jurados no han tenido ningún problema para entender la prueba del juicio. La ciudadanía está capacitada para asumir esta responsabilidad”.
En el mismo sentido, explicó que “la investigación que se realizó en Neuquén determinó que el 80% de los jurados entrevistados comprendió exactamente todo lo que escucharon y sólo un 20% tuvo algunas dudas. No es necesario que cada uno de los 12 jurados tengan título secundario, no es necesario, porque hay en la audiencia de selección previa que garantiza encontrar 12 personas imparciales para administrar justicia”.
Como parte del trabajo de investigación que se ha llevado a cabo en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, de la que también forma parte Aldana Romano, en los primeros tres años de funcionamiento del nuevo sistema se hicieron 173 juicios por jurado. La duración promedio de los juicios es de 2 días y medio, el 60% de los mismos se resolvieron entre 1 y dos días.
Por otro lado, el 57% de los juicios realizados se concentran en cuatro departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, San Martín, Azul y La Matanza. Cabe destacar que este sistema también se implementa en Neuquén y Córdoba, mientras que tienen leyes pero no están implementadas en Chaco y Río Negro y se está discutiendo una norma en Santa Fé.
La cantidad de juicios por jurado ha ido en aumento desde el año de arranque del sistema de manera sostenida. En 2015 se hicieron 38 juicios por jurados, en 2016 fueron 58 los juicios y en 2017, 77 juicios. Cinco de estos juicios no alcanzaron un veredicto, tres de ellos se estancaron y dos fueron suspendidos por fuerza mayor.
Tomando el período de tres años, la mayoría de los juicios realizados ante jurados terminó con condena (64%). En el primer año, hubo 17 absoluciones y 19 condenas; en el segundo año, se produjeron 16 absoluciones y 36 condenas y en el tercer año (2017), hubo 21 absoluciones y 39 condenas.
Los legisladores consultaron sobre los costos que pueden demandar los juicios por jurado y Romano destacó que “en 2015 en Neuquén el juicio costó entre 9 y 30 mil pesos, que incluyó refrigerio, hotelería y traslado. En tanto en Buenos Aires en el mismo año los montos fueron entre 25 y 30 mil pesos e incluyeron también retribuciones, refrigerio y traslado. Por otra parte en este año el último que se realizó en Necochea tuvo un costo total de 25 mil pesos”.
Al término de la reunión la diputada Lidia Ruiz (PJ), autora de un proyecto similar destacó que “fue presentado hace dos años y este encuentro ha sido muy bueno porque ha permitido ver algunas modificaciones que van en línea de mi proyecto. Reúne todas las condiciones específicas que ha sugerido la Asociación de Juicios por Jurado de Argentina”.
En tanto el presidente de LAC, el diputado Jorge Albarracín (UCR) destacó que “lo explicado por la directora de la Asociación de cómo se está implementado en la provincia de Buenos Aires, que es un sistema muy similar al que se quiere realizar en Mendoza, nos da el convencimiento de que el sistema es bueno, que ha dado buenos resultados a la administración de justicia, que permite dar más credibilidad a los fallos de la justicia y jurídicamente tiene buena aceptación por parte de la propia institución judicial una vez que han sido emitidos los fallos”.