El diputado Albarracín indicó al término de la reunión que “básicamente estamos de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo que ha obtenido media sanción. Se ha escuchado a los diferentes sectores, a las centrales sindicales, a miembros de la Corte, a miembros de los Colegios de Abogados, a miembros de la Asociación de Peritos para ver sus inquietudes con respecto al tema y los acuerdos y disidencias”.
Añadió que “muchos de estos aspectos, por ejemplo, como el tema de la caducidad de instancias, no los compartimos; no compartimos que los procesos estén paralizados un año o dos años indefinidamente” y remarcó que “creemos que los procesos tienen que ser impulsados en su primera parte, fundamentalmente, por los abogados tanto del actor como del demandado”.
En el mismo sentido, sostuvo Albarracín que “no compartimos el criterio de los abogados laboralistas con respecto a la caducidad de instancias porque el principio es el siguiente: la pregunta es al revés ¿Por qué es constitucional que un juicio esté paralizado un año sin moverse? ¿Eso es defensa del trabajador? La pregunta es a la inversa porque hay que tener presente que si un expediente con que se presente un escrito cada 3 meses, cada 6 meses o cada 9 meses, podría avanzar”.
Para el caso de los peritos, Albarracín indicó que se busca establecer un criterio específico para los honorarios de estos profesionales. “En primer lugar, fijar un monto proporcional a la tarea realizada. Va a ser entre medio JUS a un JUS, para que tenga un monto establecido que no tenga relación con el monto del juicio” subrayó, y aclaró que “eso va a ser cobrado a los 5 días de establecida la sentencia y no va a tener que esperar a la finalización del proceso”.
Asimismo, el legislador remarcó que se trata de dar certezas, no se va a interferir directamente en la labor del perito sino que se analiza cómo se desarrollan ciertas pericias y se establecerán ciertos criterios objetivos en las pericias frente a los mismos hechos, frente a las mismas circunstancias.
Albarracín resaltó también que la intención es que se agilicen los expedientes, y que en estos casos, el abogado del trabajador dinamice las presentaciones a realizar al cabo de 3, 6 o 9 meses.
Quienes conforman la comisión recibieron la visita de integrantes de la Asociación de abogados laboralistas, Asociación de Peritos, del Colegio de Abogados de la 3ra Circunscripción, y de secretarios y delegados de los principales gremios y sindicatos de Mendoza. También expuso su visión el abogado Fernando Armagnague.
La mayoría solicitó que se le incorporen aportes a la letra del expediente que, desde sus sectores, creen necesarios y pueden enriquecer el proyecto. Tanto desde la Asociación de Peritos como gremios y abogados entregaron a la secretaría de la comisión escritos con sus propuestas.
Gran parte de los asistentes coincidieron en puntualizar en algunos desacuerdos existentes con el texto de la norma. Indicaron que puede que sea un retroceso aprobar el texto tal cual está, y solicitaron incorporar aportes.
Abogados laboralistas propusieron sumar algunos aspectos de Códigos procesales modernos como el de Santiago del Estero o el de Corrientes, y llamaron la atención sobre el derecho de los menores, los discapacitados y la aplicación de criterios diferentes, según su óptica. También desde la Asociación de Peritos remarcaron que puede haber más profesionales de su órbita trabajando en el área civil y no laboral, justamente por “retrocesos” que creen ellos se pondrán en práctica si se aprueba la media sanción del Senado.
Llamaron la atención sobre el posible aumento de la litigiosidad y el colapso de algunos juzgados, como así también la necesidad de capacitación a las oficinas OCL u OCLO (Oficina de Conciliación Laboral).
Finalmente, los representantes gremiales se mostraron en desacuerdo con lo planteado en el expediente y aportaron su visión en un escrito que entregaron a los legisladores.