Representantes de ATE, CTA, AMPROS, entre otros, expusieron sus pareceres en referencia al texto del proyecto de ley. Coincidieron, quienes hicieron uso de la palabra, en que “es necesaria la revisión de la terminología utilizada” en el texto del proyecto, ya que consideran desactualizada gran parte, referenciados en la Ley Nacional 26.061 y normativas internacionales. Se puso el foco, por ejemplo, en que debería utilizarse “niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos”, en vez de “personas menores de edad”, en función de la normativa nacional y los textos internacionales que abordan la temática.
También coincidieron en la necesidad de abordar los temas como “política de Estado”, entendiendo que es necesario mayor personal y no “una reingeniería del recurso humano” como se ha planteado, y dotar de mayor presupuesto a las dependencias que deben llevar adelante estas políticas. En este sentido, Adriana Iranzo (Secretaria Adjunta de CTA autónoma) indicó que “el Estado debe dar las condiciones para que no sean vulnerados los derechos de los chicos. El Estado no debe hacer responsable solamente a la población”.
Desde AMPROS, Claudia Iturbe (Secretaria Adjunta), sostuvo que “para hablar de niñez debemos hacerlo no solo como política sino como principio. Esta ley tiene que ser consensuada con todos los actores, y fundamentalmente con quienes tienen la experiencia, los trabajadores”. Agregó que “un proyecto que está planteado con una reingeniería de recursos es inviable; sabemos que lo que hay, desde que fue la Acordada, es realmente muy precario”, y añadió “necesitamos a la gente más capacitada, más comprometida y que tenga relación de dependencia con el Estado”.
Para el caso de la corresponsabilidad que plantea la iniciativa; que tendrán la familia, los organismos del Estado y las asociaciones civiles y/o fundaciones (que no existía); subrayaron que están de acuerdo, aunque es necesaria en mayor medida del Estado, quien debe ser el garante. A su vez, consideraron que deberían crearse más gabinetes por escuela a los previstos, ya que entienden que hará falta mayor recurso humano que aborde las problemáticas.
“Para que sea un Régimen Jurídico es necesario que atienda a todas las situaciones inherentes a la infancia y adolescencia, y no están marcadas todas esas situaciones en este proyecto de ley, nos ha quedado fuera el Régimen Penal Juvenil”, indicó a su turno, Mauricio Álvarez (ATE Guaymallén). También se refirió al lenguaje utilizado y la necesidad de rever algunos términos. Al mismo tiempo, propuso incorporar puntos y aportes que se realizaron, en su momento, al proyecto de ley que trabajó la diputada, de mandato cumplido, Beatriz Varela.
Algunos representantes de gremios se expresaron a favor de incorporar la figura del “Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes”, y la formación de espacios de promoción de derechos, en los que los niños, niñas y adolescentes, tengan una participación protagónica.
Asimismo, quienes se expresaron indicaron aspectos referidos al recurso humano, el rol de las municipalidades, los presupuestos asignados, participación sindical en consejos, y la posible visión reduccionista que puede plantearse por la sustitución de OALes por ETIs, proponiendo desde algunos sectores la creación de un órgano de protección integral de derechos; entre otros temas abordados.
Quienes participaron de la reunión expresaron, a solicitud de los legisladores, acercarán aportes de manera escrita, también vía correos electrónicos, para que se consideren sus aportes y posiciones en el expediente.