El expediente, que ya cuenta con media sanción del Senado, promueve la modificación del artículo 7 de la Ley 7.857 referido a la renuncia a las residencias ya obtenidas, situación que complica el nuevo acceso a otra residencia. “Esto es muy importante para la formación profesional de la medicina y también para el Estado por la organización de las residencias, tenerlas preparadas y previstas”, sostuvo Albarracín.
“Hemos aceptado la media sanción (del Senado) con lo cual es muy probable que el miércoles ya se convierta en ley y arregle esta situación, porque en la práctica se ha visto que es mejor que el sistema funcione de esa manera” remarcó el legislador.
El articulado, establece los requisitos para el concurso de las residencias médicas de diferentes niveles y también, la modificación en las penalizaciones en caso de renuncia a la residencia, por distintos motivos.
En este sentido, el texto señala: “Las renuncias a las residencias deberán realizarse en forma fehaciente. El residente que renunciare con posterioridad a la adjudicación y hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada por la jurisdicción donde realiza su residencia para la readjudicación, podrá presentarse a rendir examen al año siguiente. El cargo que éste ocupaba antes de renunciar, será readjudicado de acuerdo con el orden de mérito. Para el caso que un residente renunciare con posterioridad a esa fecha y hasta el 28 de febrero del año siguiente a su ingreso, quedará inhabilitado para optar por una residencia por un período de un año a partir de su fecha de ingreso a la residencia”.
Ética Pública
Durante la jornada, la comisión de LAC recibió la visita de Gabriel Balsells Miró (Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública) para dar análisis a dos expedientes referidos a modificar la Ley 8993 (Responsabilidad en el ejercicio de la función pública).
Las iniciativas acumuladas son de autoría de las diputadas radicales Mabel Guerra y Analía Jaime y están referidas a la unificación de plazos, especialmente en el caso de las declaraciones juradas, y que coincidan con algunos aspectos que también solicita la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).