El diputado radical Jorge Sosa, integrante de LAC, sostuvo que “hemos concluido, luego de 3 años de trabajo arduo, reuniones y consenso con las distintas partes porque la creación de este Colegio afectaba a diferentes instituciones, grupos de personas y licenciados; pero llevamos a cabo un gran trabajo para no afectar intereses y que pueda crearse este Colegio”.

La norma establece que “el ejercicio de las profesiones incluidas en cualquiera de las ramas y especialidades de Higiene y Seguridad en el trabajo y medio ambiente, se rigen por las disposiciones de la presente Ley”. A su vez, indica que se crea el Colegio con “carácter de Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, sin perjuicio de la creación de delegaciones regionales o locales”.

El Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente deberá “velar y resguardar el cumplimiento de la Ley; de las normas que regulan el ejercicio profesional y representar a sus matriculados, asegurando el decoro, la independencia y la individualidad de la profesión, así como la ágil colaboración con los poderes públicos; combatir el ejercicio ilegal de la profesión, propender a la jerarquización de la misma y cumplimentar con las finalidades de la actividad profesional”.  

La media sanción está dividida en ocho (8) capítulos referidos a la colegiación, el Colegio, la matrícula, las autoridades del Colegio, las asambleas, las elecciones, el Consejo Directivo y el Poder Disciplinario. Todos referidos al funcionamiento y regulación del Colegio que se crea y de los profesionales comprendidos en él.

Desde todos los sectores políticos de Diputados se destacó el acuerdo alcanzado para poder otorgar sanción inicial a este proyecto. El bloque del FIT-PTS, acompañó la iniciativa pero votó en contra el artículo 3.

Jorge Tanús (UC), autor de una de las normas tratadas hoy, indicó: “Acompañamos la idea, sobre todo por las agrupaciones profesionales y sus actividades”. El legislador agregó que “son los mismos profesionales los que deben defender sus incumbencias y ante organismos públicos donde deben desarrollar sus actividades”.

En tanto, desde los bloques Justicialista, Intransigente y Protectora, coincidieron en acompañar el proyecto destacando el consenso y acuerdos alcanzados, luego de varios años de trabajo.