En función de la dimensión e importancia de esta Industria para Mendoza y su cadena de valor, el Poder Ejecutivo diseñó un Plan Público de asistencia al sector que comenzó a aplicarse en el año 2016. Este Programa de Gobierno abarcaba todas las variables que el sector reclamaba a la Provincia: retiros de stocks mediante operativo de compra de vinos blancos, reducción de impuestos provinciales, financiamiento adecuado a los ciclos productivos tanto para capital de trabajo como para inversión, programas de protección de cultivos contra las contingencias climáticas, lucha activa y global contra la plaga Lobesia Botrana, como así también la recuperación del estatus sanitario en materia de Mosca del Mediterráneo, reconversión de variedades con escaso mercado y bajo rendimiento en manos de pequeños productores, seguro agrícola contra granizo y heladas tardías, actualización de la política de diversificación interprovincial con San Juan y promoción de mercados externos, añade el texto.

Con estos antecedentes la norma enviada desde el Ejecutivo destaca en sus fundamentos que “atendiendo la difícil coyuntura financiera actual, el gobierno provincial ha diseñado para la presente campaña herramientas financieras que permitirán asistir a los productores a tasas de interés reales negativas para las tareas de cosecha, acarreo y elaboración de productos vitivinícolas, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal de Inversiones y el Banco Nación Argentina”.

Sostienen desde el Poder Ejecutivo que “en función de dar continuidad a las políticas dirigidas al sector se hace imprescindible elaborar mecanismos plurianuales que funcionen como un fondo anticíclico, con el objeto de atender las contingencias que pudiesen ocurrir en un plazo de 4 años a fin de regularizar el mercado, hasta tanto se hayan alcanzado a normalizar las variables macroeconómicas y de política comercial que faciliten mantener los equilibrios sin requerir nuevas intervenciones”.

El proyecto solicita la autorización  para la toma de un endeudamiento que permita al Poder Ejecutivo establecer un plan Plurianual de intervención directa en el mercado, cuya vigencia será desde el ejercicio 2019 hasta el ejercicio 2022 inclusive (cuatro años), con el objetivo de estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, de manera de darle mayor previsibilidad a toda la cadena de valor, a través de una política anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos.

 En cuanto al monto, es de $1.000.000.000 por cada ejercicio de vigencia del Programa, para ser destinados a intervenir en el mercado vitivinícola a fin de atender los desequilibrios del sector para establecer pautas y condiciones generales que funcionen como un mecanismo anti- cíclico en toda la cadena de valor.

Con respecto a la toma  de crédito, el Poder Ejecutivo indica que “se justifica porque al no conseguir en el presupuesto provincial 2019 la posibilidad de refinanciar en mejores condiciones la deuda, se redujo a cero el margen del Gobierno Provincial para capitalizar el Fondo para la Transformación y Crecimiento como así también las herramientas financieras que dispone el Gobierno en Mendoza Fiduciaria S.A.”.

Asimismo, es voluntad del Poder Ejecutivo Provincial disponer de un instrumento que  permita intervenir en el mercado de uvas, mostos y vinos por medio de operativos de compra y también con políticas que fomenten la exportación con el objetivo de mantener los stocks vínicos acotados.

La Autoridad de Aplicación del Programa será el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, o el organismo que en el futuro lo reemplace, y será el encargado de definir anualmente las acciones de intervención y los recursos que se asignarán para su ejecución durante los cuatro años, en función de los objetivos perseguidos por la presente norma.

En tanto el Poder Ejecutivo  canalizará los fondos autorizados para financiar el Programa Plurianual de cuatro años, a través de las herramientas financieras que dispone la Provincia de Mendoza, pudiendo para ello integrar Fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria S.A., Capitalizar el Fondo para la Transformación, destinar recursos a la fundación Pro Mendoza u toda otra operación habitual tendiente a cumplir con los objetivos del Programa.

Por su parte, los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que realicen exportaciones de vino a granel genérico o varietal, podrán acceder al beneficio de un certificado de crédito fiscal aplicable al pago de Ingresos Brutos por el valor que el Poder Ejecutivo determine a estos efectos.

La utilización del certificado de crédito fiscal podrá efectuarse hasta en dos (2) años, computados desde la entrada en vigencia de la presente ley. El beneficiario original del crédito fiscal y los sucesivos cesionarios podrán transferirlo a través de las formalidades que establezca la reglamentación.