Para ello, el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto vigente y en cada uno de los Presupuestos subsiguientes hasta 2022 inclusive, las partidas presupuestarias correspondientes según el siguiente detalle:

-Para este año,  se autoriza  al Poder Ejecutivo a incrementar en 300 millones de pesos el Presupuesto vigente, partida que podrá ampliarse en 500 millones, quedando para ello autorizado el Ejecutivo provincial a hacer uso del crédito público por dicho monto en los términos del artículo 60 y 66 de la Ley N° 8.706.

-Para los Presupuestos de 2020 y 2021, se incluirá una partida de 400 millones de pesos, que podrá ampliarse en 400 millones, quedando para ello autorizado el Poder Ejecutivo de la Provincia a hacer uso del crédito público.

-Para el Presupuesto 2022, se incluirá una partida de 500 millones de pesos, que podrá ampliarse en  300 millones, quedando para ello autorizado el Poder Ejecutivo de la Provincia a hacer uso del crédito público.

Según explicó Jorge López (UCR), presidente de la comisión de Hacienda, la importancia de esta media sanción radica en “la posibilidad de tener una herramienta para el sector vitivinícola que es un fondo anticíclico de características plurianuales”, dándole “al gobierno la posibilidad de intervenir con distintos instrumentos con el objeto fundamental de poder actuar en operativos como el ya iniciado de compra de uva para mosto, que permitirá tener un precio de referencia que garantice a los productores tener la primera señal del mercado”.

“El destino de estos fondos será financiar el fideicomiso creado en el año 2008, que tiene como destino los operativos de compra de uva para mosto o vino, el financiamiento para distintas acciones como la reconversión, la adopción de tecnología, la eficiencia en riego, la lucha antigranizo, entre otras herramientas que tienen que ver con mejorar la competitividad del productor”, añadió.

“No sólo hemos logrado una media sanción, sino que hemos logrado que se apruebe con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas de la Cámara”, sintetizó.

El Programa creado tendrá como finalidad principal:

financiar acciones tendientes a estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, a través de las siguientes operaciones:

compra de uva con destino a la elaboración de mosto y/o vino,

financiamiento para compra de uva, vino o mosto,

financiamiento para capital de trabajo o inversión para productores vitícolas y para establecimientos elaboradores de vino y/o mosto y/o concentradores de este último producto, financiamiento para la comercialización en el mercado interno o externo del vino y/o mosto,

financiamiento para subsidio de tasa o precio a productores y/o elaboradores y/o exportadores.

Todo ello, de acuerdo con la manda fiduciaria del Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola administrado por Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, regulada por leyes N° 7992 y modificatorias dónde tendrán prioridad aquellas tendientes a mejorar la retribución de los productores vitícolas que tengan a ésta como principal actividad.

Acciones tendientes a proteger  y prevenir la producción primaria de los efectos por contingencias climáticas que puedan ocurrir durante la vigencia de este plan.

Proteger el estatus fitosanitarios de la producción primaria provincial.

Promover la reconversión tecnológica y/o varietal a los efectos de adecuar la oferta de la producción agroindustrial a los requerimientos de la demanda de los consumidores de mercado interno argentino y de mercados internacionales.

Fortalecer programas de apoyo al trabajador rural tanto en aquellos trabajadores que desarrollan una actividad permanente en la producción primaria como aquellos que lo hacen eventualmente.

Acciones tendientes a la promoción de los productos agroindustriales en el mercado argentino y en mercados externos.

Por otra parte, la media sanción dispone que para el Ejercicio 2019, los fondos se destinarán prioritariamente al cumplimiento del inc. a) – estabilizar el mercado vitivinícola - y se asignarán al cumplimiento del inciso e) – programas de apoyo al trabajador rural -, la suma de 130 millones de pesos.

El proyecto aprobado en Diputados, prevé además autorizar al Poder Ejecutivo a canalizar los fondos autorizados para financiar el Programa Plurianual de cuatro años, a través de las herramientas financieras que dispone la provincia, pudiendo para ello integrar Fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria S.A., capitalizar el Fondo para la Transformación, destinar recursos a la fundación Pro Mendoza y/o toda otra operación habitual tendiente a cumplir con los objetivos del Programa.

El diputado Omar Parisi (UC), indicó al respecto que si bien “hay otros sectores que también están pasando un momento de crisis, este proyecto que estamos tratando es un inicio. La actividad vitivinícola es la actividad económica principal de la provincia” y en ese sentido, esta media sanción “permite intentar paliar la situación”.

Por su parte, desde el FIT, Mailé Rodríguez anticipó el voto negativo de su bloque por considerar que “estamos discutiendo cómo le damos más beneficios a los bodegueros, que no son los que están en crisis”.

A su turno, Mario Vadillo (Protectora), bregó para que “la ayuda le llegue a quien realmente lo necesita” y que “se reconozca que la ayuda primaria tiene que ir al pequeño productor”. En igual sentido se expresó Eduardo Martínez (PI), quien además valoró “que todos los bloques hayamos arribado a un acuerdo”.

Marcos Niven (PD), sostuvo al respecto que el Ministerio de Economía “tendrá la gran responsabilidad de hacer un buen uso  de este Plan, porque de ello dependerá su éxito”, al tiempo que destacó que “la actividad vitivinícola cuando llega a esta etapa, necesita, para garantizar justicia en precios que tengan que ver con el trabajo y con el valor de lo que se ha producido, de un precio referencial”.

Desde el bloque del PJ, Carina Segovia coincidió en que “no sólo la vitivinicultura está en crisis”, y en ese marco, anticipó el acompañamiento de su bancada “porque la crisis es ya, la cosecha ya empezó”. “Pedimos responsabilidad al gobierno en cómo se van a destinar los fondos”, agregó.

Por su parte, César Biffi (UCR), además de resaltar el trabajo realizado por todos los bloques para llegar a un acuerdo, enumeró otras medidas adoptadas por el gobierno de la provincia a favor del sector vitivinícola como recursos  para seguro agrícola, para reconversión, para el combate de la Lobesia Botrana, la lucha antigranizo, entre otras.

Se trata, dijo, de “superar una coyuntura con un plan plurianual”.

Durante el tratamiento en el recinto, el diputado Ricardo Mansur (UCR), propuso modificaciones en un artículo, que finalmente no prosperó. No obstante, resaltó que en la media sanción se destinen 130 millones de pesos para el obrero rural y que “el gobierno salga a poner límites”.

El texto aprobado dispone que quienes realicen exportaciones de vino a granel genérico y/o varietal, podrán acceder al beneficio de un certificado de crédito fiscal aplicable al pago de Ingresos Brutos por el valor que el Poder Ejecutivo determine a estos efectos.

Este beneficio deberá contar con resolución aprobatoria emitida conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Economía, Infraestructura y Energía; conforme al reglamento y limitaciones que estos Ministerios establezcan.

El beneficiario original del crédito fiscal y los sucesivos cesionarios podrán transferirlo a través de las formalidades que establezca la reglamentación. En tanto, el certificado de crédito fiscal podrá aplicarse como pago a cuenta del monto total y mensual del impuesto sobre los Ingresos Brutos que devengue el desarrollo de una o más actividades, cualesquiera ellas sean, por las que su titular beneficiario o cesionario resulte sujeto pasivo. También se fija como costo tributario total para el presente Ejercicio la suma de 180 millones de pesos.

La Autoridad de Aplicación del Programa será el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, el que será el encargado de definir anualmente las acciones de intervención y los recursos que se asignarán para su ejecución durante los cuatro años, priorizando la atención de pequeños y medianos productores vitícolas. Asimismo, informará trimestralmente de la marcha del Programa, a ambas Cámaras Legislativas.