La iniciativa cuenta ya con la sanción inicial de la Cámara de Senadores e ingresó a Diputados el miércoles pasado.

“En términos generales la mayoría (de los diputados)  comparte el proyecto o el espíritu del proyecto” dijo el presidente de la comisión, Jorge Albarracín (UCR) y sumó que “consideramos que la semana próxima vamos a estar en mejores condiciones de análisis con posturas más definidas de los distintos sectores”

Según el subsecretario de Justicia, el proyecto implica que mientras se lleva adelante el proceso penal en las investigaciones por delitos de corrupción se pueda investigar civilmente al acusado y analizar si los bienes que posee pueden justificarse; si no pudiera hacerlo, los bienes se rematarían y lo recaudado se destinaría a “la reparación y construcción de escuelas”.

“La idea es esta: un proceso penal comúnmente dura muchos años -si es que termina-, entonces que tengan que explicar (los acusados de corrupción) en sede civil el origen de los fondos” dijo D’Agostino.

En este sentido el diputado Albarracín  aclaró que “en el proceso civil se le va a dar la garantía a la persona investigada de que pueda demostrar el origen de los fondos y quien pueda demostrar el origen de los fondos, de lo que compró, no va a tener inconveniente porque no se va a producir la extinción de dominio”.

Por su parte, desde el Bloque Justicialista, Carina Segovia expresó que “nos hemos comprometido tanto ellos como nosotros a estudiar el tema de modo de darle una pronta resolución”.

En tanto desde el Bloque Protectora, Mario Vadillo manifestó que “ya hemos dicho que estamos para colaborar con algo que a toda la ciudadanía le importa que es que no exista la corrupción o que los bienes de la corrupción se destinen, por sobre todo a la Dirección General de Escuelas”.