Anuncian fallo favorable a los asociados
El juez sanjuanino Miguel Gálvez declaró la nulidad de los contratos de cesión de créditos entre la cooperativa de vivienda y las empresas constructoras. La medida pone freno a la ola de intimaciones y desalojos de numerosas familias.
La diputada justicialista Mireya Díaz, junto al interventor de la Cooperativa de Vivienda Gualcamayo, Leonardo Algañaráz anunció a los asociados que se reunieron en el Salón Azul de la Cámara de Diputados, la decisión del juez federal de San Juan , Dr. Miguel Gálvez de declarar nulos los contratos de cesión de créditos que realizara esa entidad a las empresas Suma construcciones SA y EDIF. SA y que permitió que estas últimas intimaran y/o desalojaran a numerosas familias de Mendoza, San Juan y Córdoba.
En autos 20.239 caratulados “Intervención judicial de la Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda. contra medida autosatisfactiva”, el juez federal sanjuanino dispuso la nulidad de los contratos de cesión de créditos formulados entre la cooperativa y las empresas mencionadas, lo que implica al decir de la diputada Díaz “un logro con mucho esfuerzo hecho por la intervención con la colaboración de los vecinos damnificados”.
Asimismo, suspende los efectos de los contratos de comodato, convenios de desocupación, acta de responsabilidad civil propia y contra terceros.“La medida trae como consecuencia la perdida de derechos de las constructoras a intimar a la gente por las vías del desalojo ni por ninguna otra vía que han estado utilizado últimamente”,señaló la legisladora.
Gualcamayo, que construyó 1100 viviendas bajo la modalidad de cooperativa, fue intervenida por decisión judicial en abril del 2006 debido a una serie de denuncias por irregularidades administrativas formulados por más de trescientos asociados.
En los considerandos de la medida queda establecido que”los directivos de estas empresas, con sus socios han violado los derechos de los adjudicatarios, haciéndoles firmar documentación en contra de sus derechos, intimándolos a fin de obtener su renuncia, exclusión y/o exoneración de la Cooperativa con la intención de producir un vaciamiento social”.
La modalidad administrativa, cuestionada por la justicia, incluyó las intimaciones para escriturar a precios inaccesibles para la mayoría de los adjudicatarios por lo cual Gualcamayo ofrecía una refinanciación que comprendía la renuncia a los derechos del asociado a la cooperativa. En ese momento, Gualcamayo cedía los créditos a favor de Suma Construcciones SA .
Si bien la instancia judicial puede ser apelada, tanto la diputada Díaz como los vecinos ven en ella una posibilidad cierta de que el conflicto pueda resolverse en instancias superiores favorablemente para los adjudicatarios.