La Cámara de Diputados dio sanción inicial, por mayoría de votos, a expediente referido al mejoramiento de la Ruta 82, principal corredor vial norte-sur en el oeste del Área Metropolitana de Mendoza (AMM) y eje sobre el cual se ha estructurado la expansión urbana del AMM hacia al sudoeste en los últimos 20 años.

La obra posee financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 50 millones de dólares, más 30 millones que serán aportados a través de contrapartidas provinciales provenientes del Programa Federal de Infraestructura Regional del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

La votación se realizó a mano alzada y alcanzó los dos tercios de los legisladores presentes; en tanto, integrantes de los bloques del FIT y Protectora adelantaron sus votos negativos.

En lo referido a la obra, el Gobierno de Mendoza junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajaron en conjunto con el objeto de formular el Proyecto de Mejora del Corredor de la Ruta Provincial Nº82 - Provincia de Mendoza. Como resultado el día 3 de mayo de 2019 el BID  aprobó un crédito de cincuenta millones de dólares (USD 50.000.000) para la Provincia de Mendoza, con el objetivo de realizar las mejoras propuestas por la provincia.

De este modo, la media sanción autoriza al Poder Ejecutivo “a hacer uso del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) en el marco de lo dispuesto por los Artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8706, por hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000)”, dinero que tendrá como destino el financiamiento “de los costos de inversión del Proyecto de Mejora del Corredor de la Ruta Provincial Nº82 – Provincia de Mendoza”.

En el mismo sentido, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo “a hacer uso del crédito, por hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSE TREINTA MILLONES (USD 30.000.000)”, en los términos de los Artículos  60 y 66 de la Ley Nº 8706, “con destino a financiar las contrapartidas provinciales correspondientes al proyecto referido”.

Dentro del articulado, y en referencia a las garantías, la sanción inicial establece la facultad del Poder Ejecutivo “a afectar los Recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y/o adicionalmente otros recursos provinciales en el marco de lo dispuesto por el Artículo 66 de la Ley Nº 8706, por un importe total igual a las cuotas de amortización, ajuste, gastos e intereses que demanden las operatorias autorizadas por los Artículos precedentes. A tal efecto, la misma facultad alcanza a los convenios y/o documentación que deba suscribirse con el Estado Nacional para hacer efectiva la garantía mencionada”.

Se indica además que “los órganos comprendidos en el Artículo 4 de la Ley Nº 8706, que tengan a su cargo la ejecución de los Proyectos previstos en la presente Ley, se regirán por las normas, reglas, instructivos y procedimientos establecidos por la entidad financiera acreedora. En consecuencia, quedan exceptuadas de la aplicación de las normas de derecho público que pudieran corresponder, en todas aquellas operaciones que involucren disposición de fondos provenientes de los préstamos autorizados o de fondos propios correspondientes a las contraprestaciones exigibles”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo estará facultado “a incrementar el presupuesto de gastos contra mayor recaudación debidamente fundada; a disponer de los recursos provenientes de la reestructuración de partidas existentes y/o hacer uso de remanentes de ejercicios anteriores de recursos afectados para obras; incorporando las partidas necesarias o incrementando las previstas, con el fin de atender las contrapartidas o gastos asociados a la ejecución de las operatorias indicadas en los artículos precedentes”.

Durante el tratamiento en el recinto se puso en consideración la iniciativa que fuera presentada por Jorge López (UCR), quien preside la comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Acompañaron con su rúbrica, Néstor Parés (Presidente de Diputados), y César Biffi, quien preside el bloque de la UCR.

La letra de esta iniciativa contiene solo el pedido de financiamiento para el mejoramiento de la Ruta 82, y fue acordada con los bloques de la oposición, fundamentalmente el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana.

En horas de la mañana, se aclaró que se había alcanzado acuerdo entre las autoridades de los bloques para dar aprobación a esta iniciativa sin perjuicio de entender la importancia que tienen los otros tres proyectos que había propuesto el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley inicial (Acueducto Ganadero La Paz, Doble Vía Rivadavia-Junín, y la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) para el desarrollo social y económico provincial.

De este modo, representantes del Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, la Unión Cívica Radical y bloques del oficialismo, se comprometieron a aprobar los proyectos luego del desarrollo del proceso eleccionario próximo a nivel provincial y nacional.

Para el caso específico de la ruta 82, en el diseño de las soluciones de infraestructura propuestas, la Dirección Provincial de Vialidad trabajó el proyecto en dos áreas: una periurbana y otra interurbana. Las obras civiles incluidas en el Proyecto comprenden para el primer tramo de intervención, de localización periurbana y con una extensión de 8,16 km, el mejoramiento y ampliación de calzada existente para convertirla en autopista urbana de dos carriles de circulación por sentido.

Para el resto de los tramos a intervenir, con una extensión de 22,28 km, las obras comprenden el mejoramiento de la calzada existente convirtiéndola en una ruta segura. Para todos los tramos se prevé la construcción de ciclovías y banquinas pavimentadas. Asimismo, el proyecto mejorará la señalización turística de todo el corredor y el área de servicios de la localidad de Cacheuta con obras civiles destinadas al acondicionamiento vial y urbano de la misma.

A su vez, dentro de las consideraciones que se realizaron al proyecto, la mejora del Corredor de la Ruta Provincial Nº82 tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 43.9% en un horizonte temporal de 20 años, indicador destacado por los equipos técnicos del BID como una de las más altas de los últimos 5 años en proyectos financiados por el banco en la República Argentina.

Finalmente, en términos monetarios, el diputado Jorge López resaltó las condiciones beneficiosas en las que este financiamiento se otorga a Mendoza, ya que es a 20 años para su amortización, con una tasa del 5.3% y 5 años de gracia.