El Colegio Notarial de Mendoza, encabezado por su titular, Jorge Romera, presentó ante la comisión de Economía de Diputados, una propuesta para crear un Registro Público de Contratos de Maquila, en consonancia con lo establecido por la Ley Nacional 25113.

Dicha Ley dispone en su artículo 7mo, que “los contratos agroindustriales referidos en la presente ley deberán inscribirse a pedido de parte en los registros públicos que se crearen en la jurisdicción de cada provincia. Las provincias establecerán las disposiciones necesarias para los procedimientos y aseguramiento según la naturaleza u objeto de cada actividad asignándoseles las condiciones de autoridad de aplicación local. Se registrarán ante la misma autoridad todas las medidas cautelares que afecten los productos de propiedad de los productores agropecuarios” elaborados con motivo de estos contratos.

En tal sentido, en el articulado de este ante proyecto impulsado por los notarios, se señala que los contratos de maquila, depósito, elaboración, permuta, las cesiones, los contratos de elaboración por cuenta exclusiva del productor y los demás actos que prevé la Ley 25113, como así también los contratos que tengan por objeto la provisión de materia prima de naturaleza agropecuaria para su procesamiento, industrialización y/o transformación, se inscribirán, a pedido de una o ambas partes, en el registro que pretende crearse, a excepción de los contratos de elaboración de vinos.

Según explicaron durante la reunión con legisladores, el contrato de maquila es un contrato agroindustrial de integración vertical “que relaciona eslabones de la cadena de producción: el productor de materia primar y el industrial que la elabora. Es aplicable a infinidad de procesos de industrialización de productos agropecuarios como los frutícolas y hortícolas, aceites, caña de azúcar, leche, etc”.

Respecto de las ventajas, sostienen que “el industrial accede a los insumos para utilizar su capacidad instalada sin tener que realizar su adquisición directa, mediante la posibilidad de abonarlos al productor mediante la entrega de una parte de lo producido. El productor, pro su parte, se ve beneficiado al disponer de un producto industrializado”.

Respecto a por qué el Registro sería llevado por el Colegio Notarial, explicaron que este organismo “tiene  la experiencia acorde a las funciones que le son pertinentes, además de la capacitación técnica registral de sus miembros. Al respecto, indicaron que “pensamos en un Registro moderno que se apoye en la simplicidad y en la corresponsabilidad entre contratista y escribano, además de asegurar la salvaguarda por la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil”.

Por su parte, el diputado Ricardo Mansur (UCR), quien presidió la reunión, indicó que se trata de un registro “de elaboración de productos agrícolas, no con el vino sino con el resto de los productos, basándose en una ley nacional, en la que se pretende dar seguridad jurídica a todo aquel productor que elabora. Por ejemplo, el que lleva aceituna y elabora aceite de oliva”.

El legislador manifestó que la propuesta es “positiva desde el aspecto de la seguridad jurídica”, sobre todo para “aquellos que tienen una producción muy grande y que tenga para utilizarlo como garantía ante el Fondo de la Transformación”. Sin embargo, consideró que no debería ser obligatorio.

“No obstante, será un tema a analizar en el seno de la comisión”, expresó.

Participaron además de la reunión, los escribanos Marcela Molina y Silvestre Peña y Lillo.

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