Citan a funcionarios para analizar situación de los trabajadores de Campo Grande
 
A través de un proyecto de resolución del diputado Ricardo Puga (TODOS), se invita a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja, al subsecretario de Trabajo, Mario Adaro, para que “participe de las gestiones de la comisión con el objeto de garantizar el trabajo en las condiciones que manda la Ley”.
Además, se invita al delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación para que informe si ha participado de negociaciones o acciones que garanticen las condiciones de trabajo de los trabajadores de la firma Campo Grande, ya sea en relación con la cooperativa o con la empresa.
También se hará lo propio con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Salinas, el director de Cooperativas, Héctor Razo, y  los presidentes de las Cooperativas Colonia Barraquero, Humana y Edventur.
En el caso de Pablo Salinas, el objetivo es que informe qué medidas de protección ha adoptado frente a los “actos de discriminación que sufren los trabajadores de la firma Campo Grande”.
A su vez, el director de Cooperativas deberá explicar las acciones realizadas en “resguardo del sistema cooperativo en la provincia respecto de la Corporación de Cooperativas en cuestión, si la misma se encuentra inscripta en esa gerencia, si tiene los libros al día”, etc., para que juntamente con la comisión de Derechos y Garantías, “se realicen todos los actos tendientes a la solución de la situación de los trabajadores que están vinculados a esta corporación”.
Por otra parte, se solicita al Instituto Nacional de Cooperativas y Mutuales que informe “si la cooperativa en cuestión se encuentra inscripta, si tiene la documentación de sus actos contables al día, si realiza descuentos a sus asociados y cuál es el destino de los mismos, si realiza las asambleas para la toma decisiones  y cambio de autoridades”.
“Todos apreciamos la necesidad de incorporar a las actividades productivas a aquellos trabajadores que quedaron al margen de todo tipo de oportunidad”, dice el legislador en los fundamentos del proyecto.
Sin embargo, aclara que “los trabajadores de Campo Grande, vinculados a una cooperativa que supuestamente está bajo la competencia del INAES en el orden nacional y que ante la ausencia de un organismo de control en la provincia, somete a sus asociados a condiciones casi de esclavitud y con una acción discriminatoria que torna intolerable su presencia en la provincia de Mendoza”.
“La Cooperativa no sólo despide con el consentimiento de la empresa a quienes reclaman - continúa el diputado – sino que además promueve listas negras de estos trabajadores, para que en otros establecimientos los mismos trabajadores no puedan conseguir trabajo”.
Según el legislador, la comisión de Derechos y Garantías elaborará un cronograma de día y horario para realizar las reuniones.