Mediante esta Ley, se declara de interés general la promoción y cumplimiento, dentro del ámbito de las contrataciones públicas del Sector Público Provincial, de los Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, conforme Resoluciones de la Asamblea General Nº 70/1 del 25 de septiembre de 2015.
De esta manera se modifica el Artículo 149 de la Ley 8706, de Administración Financiera, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 149 - Cualquiera sea el procedimiento de selección, la adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el licitante, teniendo en cuenta, en primer término, el mejor precio ofertado. Junto al mismo, se ponderarán mediante grillas de evaluación y puntajes, la solvencia y capacidad empresaria de los oferentes; ésta última valorada en razón de sus antecedentes y de las certificaciones de calidad de sus procesos y actividades empresarias, especialmente, entre otros, mediante indicadores demostrativos de la observancia de los Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, conforme Resoluciones de la Asamblea General Nº 70/1 del 25 de septiembre de 2015 y demás que la complementen o modifiquen”.
Se busca con ello, “el desarrollo del Ecosistema B, las empresas de tipo B y las compras de Triple Impacto en el territorio de la Provincia”, dijo al respecto Priore, tras explicar que “las empresas de Triple Impacto son aquellas que plantean un concepto de éxito corporativo diferente, cuyo objetivo estratégico principal no es sólo la búsqueda de rentabilidad sino que implica un desarrollo económico que no comprometa los recursos naturales y el medioambiente, incluyendo una mirada o fin social. Así, el concepto de empresa B o de Triple Impacto, involucra una actividad que produzca un triple impacto, esto es: económico, ambiental y social”.
En ese marco, sostuvo que esta nueva forma de hacer empresa “que nació como un emprendimiento privado en Estados Unidos (B corporation)”, se ha expandido tanto en Europa como en el resto de América (Chile, Brasil, Colombia y Argentina) y “los gobiernos se han hecho eco de la propuesta, legislando sobre este tipo de organizaciones para fomentar su actividad”.
En los fundamentos del proyecto de Pablo Priore, se destaca que “encontramos provincias y municipios que ya han legislado sobre este tipo de emprendimientos, promoviendo y premiando su actividad”. Asi, “el fomento y desarrollo del ecosistema B promueve la transición hacia economías sustentables e inclusivas que propician una nueva mentalidad en el hacer diario de la empresa. Organizaciones que no sólo trabajen en miras al éxito económico, sino que en sus decisiones tengan en cuenta” a consumidores, trabajadores, comunidad, inversores y al medio ambiente. “En nuestro país ya existen más 65 empresas certificadas como B y otras tantas se encuentran en proceso de medición y certificación”, puntualizó.