{mosimage} Ratifican responsabilidad del Estado provincial en violaciones a los Derechos Humanos de internos penitenciarios
La Cámara Baja ratificó el acta de entendimiento que firmaran representantes del Estado Nacional, el Estado provincial y abogados de Derechos Humanos en el marco de las violaciones a los derechos humanos que se habrían concretado con internos penitenciarios de la provincia.
En la sesión de Diputados de hoy obtuvo media sanción un proyecto que remitiera el Ejecutivo y que ratifica el decreto 2740. Este decreto fechado el 12 de octubre del 2007 determina la aprobación de un acta de entendimiento firmada por representantes del Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional y los representantes de los damnificados que habrían sufrido violaciones a sus derechos básicos.
Al mismo tiempo se reconoce la responsabilidad del Gobierno de Mendoza en los casos de muertes violentas y de graves atentados contra la integridad personal, por no haber garantizado las condiciones mínimas de seguridad e integridad física de los internos. Dichos casos se ponen a consideración de un Tribunal Ad Hoc para que determine la pertinencia y las indemnizaciones que correspondieran.
El decreto en cuestión fue firmado por el ex gobernador Julio Cobos luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió que el Estado adoptara medidas para proteger la integridad de los internos de la Penitenciaría Provincial de Mendoza y de la unidad Gustavo André de Lavalle.
El acta que firmaron los representantes de los peticionarios, representados por los doctores Carlos Varela Álvarez, Pablo Salinas, Diego Lavado y Alfredo Guevara y el entonces Ministro de Gobierno ingeniero Sergio Marinelli establece que el Gobierno provincial asume la responsabilidad en los hechos ocurridos y sus consecuencias jurídicas conforme a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez las partes convienen en constituir un Tribunal Ad Hoc que determinará el monto de las reparaciones pecuniarias a las víctimas involucradas en el caso y los peticionarios desisten de las acciones civiles iniciadas ante tribunales locales respecto de las personas que resulten beneficiarias de las reparaciones que determine el Tribunal.