El titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, detalló ante legisladores el Presupuesto para su área, previsto en casi 2700 millones de pesos, en tanto que la Defensora Pública y Pupilar, Mariana Silvestri, explicó que para su dependencia serán 770 millones de pesos.

Gullé se explayó en las mejoras y en los avances tecnológicos que se han implementado y que se quieren incorporar. Sostuvo que se quiere crear una “Unidad Fiscal de Delitos Tecnológicos” y hacer con el Poder Judicial un “gran polo tecnológico”, porque la mayor cantidad de delitos se realizan con este tipo de herramientas.

El funcionario indicó que se ha apuntado a mejorar la tecnología, por ello la compra de un cromatógrafo de casi 500 mil dólares y microscopios laser; como así también solucionar problemas en el sur provincial “porque no se cuenta con turnos vespertinos”.

Asimismo, el funcionario subrayó que “los gastos operativos se financian con los ingresos de tasas de justicia, de los cuales  el Ministerio Público Fiscal percibe el 20%” por lo que aumentar estos porcentajes sería de mucha utilidad, incluyendo también los fondos provenientes de depósitos judiciales, remates y compactación de vehículos o piezas secuestradas, entre otros. Al respecto, Gullé solicitó un “reparto más equitativo”.

Gullé explico también que alrededor del 94% del presupuesto es destinado a sueldos y el 6% restante es el que se consigna a los gastos operativos. “El Ministerio Público Fiscal tiene un altísimo ritmo de mantenimiento de la aparatología, que se paga en dólares y además, los insumos y las licencias también se pagan en dólares, de manera tal que el costo de mantenimiento es altísimo”, consideró.

En el mismo orden, el funcionario indicó: “Nos hemos restringido muchísimo. Entendemos la situación económica provincial y nacional”; y por ello también se apuesta a la tecnología, aunque remarcó la necesidad de contrataciones de personal e incorporación de fiscales.

Por su parte, Mariana Silvestri indicó que, el organismo del que es titular, contará con una pauta de 770 millones de pesos de los cuales 753 millones aproximadamente se destinan al pago de sueldos.

De igual forma, sostuvo que por Ley el presupuesto de su cartera está compuesto por el 5% de la recaudación de tasas de justicia y que con ello se pagan los gastos operativos y corrientes de funcionamiento, entre los que se incluyen el alquiler de oficinas y adaptación de las mismas, y la  contratación de profesionales auxiliares de justicia.

Asimismo, hizo hincapié en la adquisición de tecnología, computadoras y todo lo relacionado con el mantenimiento informático y las dos movilidades de las que se disponen en el organismo.

Finalmente, agregó que para este año es necesario que se le otorguen “cargos para cubrir la justicia de Familia, otros para cubrir la necesidad de las asesoras de menores y adaptaciones edilicias para cubrir necesidades en la parte Penal y de Justicia de Familia”.