Diputados de Derechos y Garantías citarán a empresarios y cooperativas del sector.
La Comisión de Derechos y Garantías realizará el viernes 15, a las 11, una nueva reunión, para continuar analizando la situación de los trabajadores del cultivo de ajo de Campo Grande, 33 de los cuales fueron cesanteados.
Este fue el anuncio del titular de la comisión, Ricardo Puga, de Todos, luego de la reunión llevada a cabo este lunes 11, a las 17, en el salón azul de la Legislatura, con la presencia del subsecretario de Trabajo y Seguridad, doctor Mario Adaro, del director de Cooperativas de la Provincia, licenciado Héctor Rasso, y los diputados justicialistas Carlos Bianchinelli, Mireya Díaz, José Gantus, José Gil, Raúl Millán, Luis Orbelli, Cristina Pérez y Silvia Cardozo, y el senador del PJ, Miguel Serralta.
Anticipó al respecto el diputado Puga que serán sumados a la citación dirigentes de la Asociación de Productores y Empacadores y de las cooperativas de trabajo afectadas al cultivo del ajo en campos mendocinos. “Nuestra intención es profundizar en el análisis de la difícil situación y fundamentalmente procurar una rápida reinserción laboral para los 33 trabajadores cesanteados del establecimiento Campo Grande, de Maipú, quienes fueron despedidos por haber solicitado que se les blanqueara su situación laboral”.
El senador Serralta dijo al respecto que mediante gestiones de la Municipalidad de Maipú, ya han sido reubicados cuatro de los dirigentes cesanteados y continúan tratativas en diversos órdenes para solucionar la situación de los restantes, que no cobran haberes desde hace más de un mes.
Durante la reunión , el subsecretario de Trabajo y el director de Cooperativas reseñaron los distintos pasos que dieron ambos organismos tanto para la reincorporación de los trabajadores como en la búsqueda de solución para las cooperativas de trabajo afectadas por conflicto, a las que suman además de la mencionada, Colonia Barraquero y El Resguardo.
Destacaron en este sentido que gracias a la conciliación obligatoria, se logró el pago de los jornales caídos durante la huelga y la aplicación de una multa de $390.000 a la empresa El Resguardo. No obstante no se pudo avanzar en acciones más efectivas en razón de un recurso de amparo interpuesto por una de las cooperativas afectadas ante el juzgado federal, ya que es el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutualidades el organismo de control de estas actividades.
Por su parte, el doctor Adaro anunció que están estudiándose las normas tendientes a eliminar el beneficio de tasa cero en el impuesto a los ingresos brutos a las empresas que incumplen las normas laborales y de higiene y seguridad. Se analizan asimismo modificaciones en la ley orgánica de creación de la Subsecretaría de Trabajo a los efectos de hacer más efectivas las disposiciones de control y sanción del organismo.
En este mismo sentido se expresaron el senador Serralta y la dirigente gremial Raquel Blas, presente en la reunión, quienes coincidieron en la necesidad de eliminar estos beneficios a las empresas y empresarios que violan la ley de contrato de trabajo.