Funcionarios cuestionados
Rechazaron proyecto para que fueran separados
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La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de resolución de Ricardo Puga (Todos) por el cual se solicitaba al Ejecutivo la separación del cargo de cinco funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Esta iniciativa logró el estado parlamentario pero no su tratamiento sobre tablas por 27 votos contra 20. No obstante el expediente será girado a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías para continuar con la investigación y análisis.
Los funcionarios a los que hace mención el proyecto, son el subsecretario de Seguridad, comisario retirado Carlos Rico Teijeiro; el director de Logística en Seguridad, comisario retirado Aníbal Fernando Gómez Miedema; el director de Investigaciones, Pedro Francisco Chacón Ledesma; el director de REPRIV y REPAR, comisario retirado Vicente Chacón, el director de Recursos Humanos, comisario retirado Raúl Antonio Vega Arrieta.
Carlos Aguinaga, Guillermo Magistretti y el ex funcionario de Cobos, Juan Montilla, todos los cuales se inspiraron para instrumentar este sistema en un programa específico de la ONU, de aplicación ya en varios países, y el aporte permanente de las organizaciones que en el ámbito provincial vienen trabajando en auxilio de las víctimas de delitos. El trabajo se basó, además, en normas similares que ya rigen en estados como Chubut y Buenos Aires, donde se aplican programas de asistencia médica, legal, social y profesional, por parte del estado, a este tipo de víctima.
Coincidieron con Cassia los diputados Puga, Petri, Daniel Vilches, Mariano Ficarra y Carlos Ciurca. Mario Casteller, por su parte, se preocupó en que el programa cuenta con el sostenimiento necesario a través de la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes.
Alcances del beneficio
Las asistencias por otorgarse consistirán en un aporte de carácter económico, en la prestación de servicios de tratamiento psicológico y psiquiátrico, y en la concesión de becas para estudio en los casos que lo requieran. Asimismo, y principalmente en los delitos de violencia familiar o de los que resulten la muerte o incapacidad absoluta de la víctima , se facilitará el acceso a los planes de vivienda sociales y se contemplarán beneficios especiales para personas físicas, o jurídicas que empleen a las víctimas directas o indirectas de tales delitos.
Para la instrumentación del SAVIC, se fijan sus funciones y se determinan sus objetivos. Se definen asimismo quiénes serán sus beneficiarios, estableciéndose el procedimiento para la solicitud de asistencias económicas.
Se crea igualmente el Fondo de Compensación a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Integridad Sexual, en jurisdicción del Ministerio de Gobierno. En esta dirección, se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de crear la partida correspondientes y asignar de Rentas Generales la suma de cinco millones de pesos para el presente ejercicio al fondo SAVICPor tratamiento sobre tablas del expediente se pronunciaron los bloques del ARI, TODOS, la Concertación Ciudadana y la Concertación; en contra los justicialistas, demócrata y radicales, éste último con excepción de Jorge Serrano.
Será incorporada al expediente la nota remitida por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS; como también refrendada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Centro de Ex Presos Políticos.
En los fundamentos de la iniciativa de sostiene "la necesidad ética y moral de solicitar la separación inmediata de los comisarios retirados designados en áreas claves del Ministerio de Seguridad, en razón que los antecedentes de los mismos puede afirmarse que carecen de las condiciones exigibles para ocupar un cargo público en el Estado y en mucho mayor medida tratándose de funciones vinculadas con la Dirección de Instituciones de Seguridad".
Esta denuncia –se agregó- surge del legajo personal de Rico quien "participó de los cursos de instrucción contra subversiva bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior del año 1976. Luego fue instructor de oficiales en Mendoza, estando a cargo de la instrucción tanto teórica como práctica para la erradicación de la delincuencia subversiva". Condiciones similares son denunciadas contra los otros comisarios retirados.
Durante el debate, que se prolongó por varias horas, todos los legisladores que hicieron uso de la palabra se manifestaron favorables a la defensa de los derechos humanos y en contra de la violación de los mismos, fundamentalmente los referidos a actos de lesa humanidad de la época del proceso militar.
No obstante, quienes no dieron lugar al tratamiento del proyecto de Puga se pronunciaron por la independencia de poderes del Estado, en el sentido que le cabe al Ejecutivo para nombrar o separar de sus cargos a los funcionarios del mismos. En tanto que las denuncias hechas públicas por los organismos de Derechos Humanos, consideraron que es atribución de la Justicia sentenciar penalidad las mismas. Por lo tanto las decisiones políticas sobre los funcionarios deberán tomarse luego de la intervención y dictamen del juez donde han sido radicadas dichas denuncias. Sin embargo las comisiones legislativas mencionadas continuarán "investigando el tema hasta las últimas consecuencias", señalaron.
Los diputados favorables a la iniciativa de Puga sostuvieron todo lo contrario. Consignaron que la Cámara de Diputados debería dar un pronunciamiento político al respecto, manifestarlo al Ejecutivo solicitándole la separación de sus cargos a los funcionarios en cuestión.