Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado, un proyecto de Ley impulsado por Marcelo Rubio (UCR), mediante el cual se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a destinar la masa de dinero proveniente de depósitos judiciales a operaciones que devenguen intereses, asegurando de esta manera el capital invertido.

Esta media sanción dispone además, que la renta que se obtenga de dichas operaciones financieras ingresará como un recurso afectado al Poder Judicial.

“Disponer como un recurso afectado al Poder Judicial a las sumas de dinero que, en concepto de depósitos judiciales, obran en cuentas bancarias que no han tenido movimiento por más de dos (2) años con exclusión de los que correspondan a menores e incapaces”, dice el texto aprobado en Diputados.

Asimismo, establece que la Suprema Corte de Justicia deberá poner a disposición los depósitos judiciales cuando sea ordenado por el Magistrado competente, y que los recursos afectados por esta normativa, serán destinados en un 65% a la infraestructura edilicia y tecnológica de la Suprema Corte de Justicia, el 30% para la modernización y mantenimiento de los Laboratorios del Cuerpo Médico Forense, Morgue Judicial, Laboratorio de Genética, Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (UDAPIF) y demás inversiones en infraestructura del Ministerio Público Fiscal y el 5% restante, para el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, debiendo destinarse en la medida de las necesidades y objetivos proyectados, en forma equitativa entre las cuatro  Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Mendoza.

“La afectación será para fines que permitan el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia, no quedando alcanzados por ningún tipo de restricción, debiendo el órgano coordinador de la Suprema Corte de Justicia definir el ritmo del gasto y disponibilidad financiera”.

Por otra parte, se modifica el Art. 51 de la Ley Nº 8.706, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 51 - Al finalizar cada ejercicio económico-financiero, los depósitos existentes en concepto de fianzas cumplidas o prescriptas a la orden de los jueces de jurisdicción penal y los demás importes que no tengan un destino especial serán recursos afectados al Poder Judicial y serán administrados según el procedimiento establecido en la respectiva reglamentación. En caso de que un Magistrado solicite fundadamente el reintegro de los fondos, la Suprema Corte de Justicia deberá realizarlo en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de notificación”.

De igual forma, se faculta a la Suprema Corte de Justicia a constituir fideicomiso financiero para la administración de estos fondos y conforme a los procedimientos de la Ley de Administración Financiera adquirir los servicios financieros más convenientes.

Según explicó el diputado Adrián Reche (UCR), “son depósitos paralizados, no están afectados a ningún interés público y cuyo producido irá a inversión para infraestructura y tecnología del Poder Judicial, no para gasto corriente. Además, estará sometido a todos los controles pertinentes como la Ley de Responsabilidad Financiera, el Tribunal de cuentas, etc.”.

Por su parte, Mario Vadillo (Protectora), sostuvo que “es una herramienta para el Poder Judicial que le permitirá mejorar en tecnología”. En igual sentido se expresaron Gustavo Cairo (PRO), quien adelantó el voto favorable tras aseverar que se trata de una forma de “preservar estos capitales que por las características de la economía argentina hace que se vayan perdiendo”, y Josefina Canale (PDP), quien ponderó que “la justicia pueda disponer de estos fondos y dar libertad a la justicia respecto de qué agente financiero lo va a realizar”.

En contra se expresó Germán Gómez (FdT-PJ), quien anticipó el voto negativo de su bloque al considerar que “si bien es una herramienta importante para que esos depósitos puedan tener un destino específico, el Banco Nación da la seguridad de esos depósitos”.

En tanto, Mercedes Llano (PD), dio su aval a la iniciativa aunque consideró que “la entidad financiera debe ser un organismo oficial”.