Se trata de un órgano consultivo que tiene como objetivo ser un espacio de diálogo y de búsqueda de consensos entre los distintos sectores, de manera tal de contribuir a un desarrollo equitativo y sustentable de la provincia.

Tal como lo anunció el gobernador Rodolfo Suarez en su discurso del 1° de Mayo, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de creación del Consejo Económico, Ambiental y Social, cuyo análisis comenzó hoy a través de un plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, del que también participaron vía Zoom, integrantes de esas comisiones del Senado y los ministros de Economía, Enrique Vaquié, y de Gobierno, Víctor Ibañez.

El Consejo Económico, Social y Ambiental, está previsto como un órgano colegiado de carácter consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de “participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social”, que actuará como órgano consultivo, vinculado funcionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Más allá de que en el proyecto se fija como sede del Consejo la ciudad de Mendoza, dispone no obstante que deberá establecer Delegaciones Regionales en los oasis del territorio provincial en la modalidad que defina la Reglamentación.

Algunos de sus objetivos están relacionados con constituir un canal de participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socio-económica y ambiental de la Provincia de Mendoza; fomentar el diálogo, deliberación y articulación entre los agentes económicos, ambientales y sociales con actividad en jurisdicción de la Provincia; actuar como órgano de comunicación entre los distintos actores económicos y sociales de la comunidad, y de asesoramiento de los mismos articulando su accionar con el Gobierno de la Provincia de Mendoza., y proponer iniciativas en aras de fomentar el desarrollo socio-económico y ambiental de la comunidad.

“La creación del Consejo Económico, Social y Ambiental es un proyecto anterior a la aparición de la actual pandemia, y formó parte de las propuestas para el plan de Gobierno desarrollado en ocasión de la presentación de la plataforma electoral propuesta a los ciudadanos en oportunidad de las Elecciones Generales del año 2019”, señalan los fundamentos que acompañan el proyecto, en el que se resalta que “las actuales condiciones y particularmente las consecuencias que se prevén como resultado de las medidas que debieron adoptarse -y que aún continúan en vigencia- para contener la propagación de esta pandemia, potencian y revalorizan los objetivos que animan la creación de este órgano consultivo”.

En tal sentido, el titular de la comisión de Hacienda de Diputados, Jorge López (UCR), indicó que “dimos inicio al tratamiento de este expediente que tiene como alcance la creación de un Consejo Económico, Ambiental y Social en la provincia de Mendoza y en esta instancia, queríamos tener la presentación oficial de los funcionarios del Poder Ejecutivo”.

“Este proyecto fue abordado en la campaña por el gobernador Rodolfo Suarez, pero después, en las distintas instancias en las que participó como la Asamblea del 1ro de Mayo, se profundizó. Es un Consejo con el que se pretende generar una herramienta de comunicación y consenso en temas estratégicos para la provincia de Mendoza, integrado por representantes de distintos sectores, tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental, pero también de referentes importantes como lo han sido los ex gobernadores de Mendoza, las unidades académicas, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, añadió.

“La idea es debatir en este contexto, temas importantes como lo señalado por el ministro Vaquié, como puede ser el debate en el que la provincia se encuentra abocado o la creación de un banco provincial. Es una herramienta muy importante a tales fines”.

“Es un ámbito más donde no solamente puedan participar quienes representan distintas fuerzas políticas sino actores de la sociedad que también por el rol que desempeñan, son representativos. Lo importante es seguir trabajando esta ley para que pueda salir con los consensos necesarios”, puntualizó.

Durante el encuentro, los funcionarios provinciales explicaron los alcances de esta iniciativa y aclararon algunas dudas planteadas por los legisladores. Entre ellas, la señalada por Liliana Paponet (FdT-PJ), quien hizo hincapié en los plazos de puesta en marcha de este Consejo y el presupuesto para su funcionamiento.

Al respecto, Vaquié explicó que “este es un proyecto de largo plazo. El gobernador lo propuso en la campaña también como una cuestión de largo plazo, teniendo en cuenta que para la coyuntura, el corto plazo, están los gobiernos nacional, provincial y municipal”. El Consejo está pensado como una especie de usina de propuestas que sienten las bases para la Mendoza que viene, desde distintas miradas y con distintos abordajes.

En cuanto al aspecto presupuestario, sostuvo que el proyecto “no tiene costo presupuestario para el Estado. No prevé nombramientos en relación a nuevos empleados ni erogaciones en lo patrimonial. No tiene costo para el Estado”.

Otra de las consultas realizadas durante el encuentro giró en torno a otro consejo creado en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y al por qué no utilizar ese ámbito en lugar de crear uno nuevo. En ese sentido, el ministro sostuvo que si bien el consejo ambiental está creado y funciona con reuniones anuales, su razón de ser está prácticamente acotado a la temática mientras que el que se propone crear con esta nueva Ley, apunta a todos los temas que hacen a proyectar la provincia de una manera integral, incluyendo todos los temas: económicos, sociales y ambientales.

“Es un órgano de asesoramiento del Ejecutivo y del Legislativo” en todas estas temáticas, subrayo, dejando en claro que se trata de “una ley que está abierta para que se trabaje seriamente sobre ella”.

Funciones

Entre las funciones previstas, el Consejo deberá emitir, a requerimiento de alguno de los Poderes, opinión sobre los proyectos de Ley a ser sancionados por el Poder Legislativo en materia social, económica y ambiental, como así también opinión sobre los proyectos de Decretos, a ser dictados por el Poder Ejecutivo y que le sean remitidos en consulta, en materia de políticas públicas;

Por otra parte, contempla elaborar, a solicitud del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, por iniciativa propia o de la ciudadanía, estudios o informes sobre materias económicas, ambientales y sociales; fomentar el diálogo social y propiciar acuerdos vinculados con la temática de su competencia; proponer la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos internacionales y/o con áreas de la Administración Púbica nacional, provincial y/o municipal, y realizar consultas a organismos especializados.

De igual modo prevé entre sus funciones la de regular el régimen de organización y funcionamiento interno del Consejo; elevar anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, dentro de los tres primeros meses de cada año, un informe en el que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica o ambiental de la Provincia; solicitar informes complementarios sobre asuntos que se sometan a su consulta; invitar a funcionarios para que expongan ante el plenario, o las Comisiones, y proponer  programas o Proyectos con impacto ambiental, social y/o económico.