La propuesta pertenece a la diputada Daniela García (UCR) y fue analizada en Legislación y Asuntos Constitucionales. La iniciativa, que tuvo el aval del titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, quien participó de la reunión de la comisión, se gestó tras lo sucedido en el caso Próvolo.

El proyecto de Ley, propone facultar a los Intérpretes de Lengua de Señas a desempeñar su labor en más de una repartición pública. Esta disposición también regirá para el caso de intervenir como Peritos ante el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial, en cualquiera de sus cuatro circunscripciones.

“Es una deuda que tiene la sociedad toda para con los intérpretes. En experiencia del Ministerio Público, el trabajo excelentísimo y sin límite horario durante meses y años de los intérpretes, ha sido vital. La investigación del Próvolo, además de tener implicancias horrorosas desde cualquier perspectiva, llevó a los intérpretes a tener ellos mismos problemas de índole psicológico porque la verdad, que hemos conocido las realidades que han vivido las víctimas del Próvolo a través de ellos”, dijo respecto de esta iniciativa, Alejandro Gullé.

“La problemática es real, nos encontrábamos con que ellos perciben un exiguo sueldo por su desempeño en la docencia y realmente no sabíamos cómo hacer para retribuir su tarea porque trabajaban mañana, tarde y noche, los fines de semana. El Ministerio Público trabaja todo el día y ellos estaban a la par de los fiscales. Ellos fueron piezas claves en la investigación de estos hechos, de manera tal que estoy absolutamente de acuerdo. No existen suficientes intérpretes de lenguaje de señas en la provincia de Mendoza. es algo provisorio y amerita un tratamiento favorable”, acotó.

Por su parte, Daniela García sostuvo que “este proyecto lo fuimos gestando en función de lo que sucedió, porque la justicia tuvo que tomar y priorizar el acceso de las personas sordas a la justicia, convocando a las personas que son especialistas en lenguaje intérprete de señas. Estas personas transitaron todo el juicio del Próvolo e hicieron absolutamente todas las interpretaciones no sólo en el juicio sino también cuando los chicos tenían que ir a las Cámaras Gesell”.

“En ese momento la justicia no estaba preparada y permitió que todas las personas sordas pudieran seguir su proceso como legítimamente corresponde. A partir de ahí también se visualiza la cantidad de personas sordas que hay en Mendoza, que según la Asociación de Sordos son en total  26000, además de las diferentes convenciones que existen respecto a las personas con discapacidad, en donde uno de los elementos básicos, es el acceso a la interpretación de acuerdo a su necesidad”, dijo la legisladora.

“Todo apunta a que no existen en Mendoza la cantidad de intérpretes necesarios”, añadió, y explicó que “recién hace dos años la carrera de intérprete de lengua de señas se profesionalizó, por lo tanto la cantidad de licenciados son muy pocos para cubrir todas las necesidades que tiene la población provincial. Es sabido que desde el caso Próvolo en la provincia de Mendoza, se vio la necesidad de dichos licenciados para cubrir al Ministerio Público y el Poder Judicial. En muchos casos son docentes dependientes de Dirección General de Escuelas, y es por eso que se generaba una incompatibilidad para contratarlos. De allí la necesidad de esta ley que viene a poner una excepción para el caso que un profesional de lengua de señas pueda tener un empleo y a la vez, más de un contrato con las reparticiones públicas estatales”.