El proyecto pertenece a Laura Soto (FdT-PJ), y busca establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres en sectores del ámbito privado y organizaciones no gubernamentales.

La comisión de Desarrollo Social, abordó esta temática durante su reunión por videoconferencia, y acordó modificar el texto legislativo para luego solicitar informes al Ejecutivo provincial. “Se trata de capacitaciones en el ámbito privado de la Ley Micaela, es decir, para que no solamente sean capacitados los agentes públicos en este tema sino en el ámbito privado también”, dijo Marcela Fernández (UCR), quien preside la comisión, a la vez que adelantó que “se le harán algunas modificaciones al texto del proyecto en base a sugerencias de los legisladores, antes de remitirlo para consulta al Poder Ejecutivo”.

Según el proyecto, estas capacitaciones serían obligatorias en organizaciones del sector privado y no gubernamental con más de 25 miembros.

Al respecto, Soto destaca que “actualmente se encuentra en vigencia en nuestro país la Ley 27499, denominada Ley Micaela, según la cual se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, normativa a la cual nuestra Provincia adhiere por Ley Provincial 9.196”.

No obstante, el objeto de esta iniciativa es “promover la capacitación sobre temáticas de violencia de género también para los agentes del ámbito privado no gubernamental, apuntando principalmente a la detección de casos y erradicación de la violencia”, añade en la fundamentación.

Despacho favorable a la georreferenciación de datos de discapacidad

Por otra parte, la comisión de Desarrollo Social dio despacho favorable a la propuesta de Marcela Fernández que promueve publicar en la web oficial de la DEIE datos estadísticos georreferenciados sobre discapacidad, que permitirán elaborar políticas públicas específicas tanto a nivel del gobierno provincial como municipal.

Se busca con ello, “mejorar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad”, a partir de estos datos que la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad suministrará, en base a los Certificados Único de Discapacidad vigentes. En tal sentido, la diputada Fernández reiteró que no se trata de publicar nombres, sino datos referidos fundamentalmente  al  departamento de residencia de estas personas.

El proyecto en cuestión pasa ahora a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.