Mediante un proyecto del diputado Jorge Sosa (UCR), se busca establecer el “Sistema de pesaje obligatorio” para quienes se dediquen a la comercialización, acopio y/o distribución de áridos y sus derivados en el ámbito privado. La iniciativa obtuvo hoy despacho favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

El objetivo de esta propuesta, es implementar la obligatoridad de balanzas o básculas en estos  establecimientos, principalmente ripieras, hormigoneras y ladrilleras, teniendo en cuenta que el “deterioro de la capa asfáltica tanto de las rutas Nacionales como Provinciales, se produce no solamente como consecuencia de la circulación de vehículos dentro del rango de pesos y medidas para los cuales las vías de circulación han sido proyectadas, sino también por el deterioro acelerado que se produce por la circulación, especialmente de vehículos de transporte de carga cuyas capacidades reales exceden a las nominales”, señala Sosa.

Todo ello, “sin que exista a la fecha un mecanismo de control de estas desviaciones que sea eficiente y contribuya a prevenir las consecuencias sobre la carpeta asfáltica de las vías de circulación de nuestra provincia”, añade al respecto.

Por tal motivo, el legislador sostiene que una forma de paliar esta situación, “que causa grandes erogaciones al estado Provincial y/o Nacional, es establecer en todo el territorio de la Provincia la obligación de incorporar un sistema de pesaje obligatorio en las ripieras, acompañado del debido control por parte de autoridades competentes, en cuanto al pesaje de los medios de carga que transportan los áridos por la provincia como así también del sistema de sanciones aplicables a quienes incurran en las Infracciones previstas” en este proyecto.

El texto acordado en la comisión de LAC, que preside Jorge Difonso (FR-UP), dispone como autoridad de aplicación a la Dirección Provincial de Vialidad, y establece que quienes se dediquen a estas actividades en el ámbito privado, deberán contar con báscula o balanza que permita el pesaje de la carga a transportar, especialmente la carga por eje, condición sine qua non para su habilitación municipal.

No obstante, manifiesta que cuando por la cercanía de los establecimientos pueda compartirse el uso del sistema de pesaje, podrá instalarse un solo sistema, en el cual podrán realizar las mediciones los establecimientos circundantes.

Dentro de las especificaciones del texto legislativo, se prevé la documentación a presentar ante la autoridad competente. En tal sentido, señala la obligación de entregar, al momento de cargar el material, de un manifiesto Comprobante o análogo donde constará la Razón Social del cargador, domicilio del establecimiento, ubicación de la cantera de origen del material, identificación del vehículo transportista, Peso Bruto y Peso Tara y el peso real por eje de la carga del medio de transporte.

Asimismo, el transportista deberá contar con toda la documentación exigida por la Ley Provincial N° 9024 y sus Decretos reglamentarios o la que en el futuro la reemplace.

De igual forma propone multas en los casos en que se circule sin la documentación habilitante, o por la omisión del sistema de pesajes.

Por otra parte, se constituye mediante esta iniciativa el Fondo de Fiscalización y Reparación de Rutas con el dinero obtenido de la aplicación de multas y todo otro aporte que determine el Poder Ejecutivo y la autoridad de aplicación, el que será destinado al equipamiento, fiscalización, mantenimiento y reparación de las rutas provinciales.

“Lo que pretendemos es que no se rompan las obras públicas, específicamente las rutas”, dijo Sosa.