Sergio Marinelli y el equipo del Departamento General de Irrigación, participaron de una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y de Derechos y Garantías de ambas Cámaras, para explicar la Resolución 52/2020, modificatoria de la 778/96, que fue motivo de diversos proyectos impulsados por legisladores requiriendo información. El encuentro, que se hizo extensivo también a presidentes de bloque, fue presidido por el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi.
“Nos parecía oportuno dar este espacio de debate para conocer en profundidad este tema, dado que habían algunos requerimientos de mayor información al respecto”, dijo Lombardi, quien ofició de moderador de la reunión mantenida vía Zoom.
Antes de dar la palabra a los profesionales de las áreas específicas de Irrigación, Marinelli señaló que éste, ha sido un largo proceso, “un trabajo muy técnico, liderado por la Policía del Agua, con participación de muchos profesionales con experiencia y el apoyo y la participación técnica de otros organismos” como el INTI, el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias cuya decana, María Flavia Filipini, fue una de las participantes de la jornada.
“Desde lo legal y lo técnico, la Resolución 51 es la que introduce las nuevas modificaciones y la 52, ordena el texto de todo lo que es la legislación ambiental en materia de aguas, desde la 778 en adelante, que ha tenido más de siete modificaciones a través del tiempo. En este caso, lo que se hizo fue un proceso participativo, donde se invitó a todos aquellos organismos con representantes técnicos que por la naturaleza de sus actividades tienen injerencia en el tema”, afirmó el funcionario.
“Lo que buscamos, ante la escasez y ante la sequía, es lograr hacer un reúso de los efluentes que en caso de ser tratados como corresponde, es una nueva y única oferta que podemos tener en un ciclo como el que tenemos, en áreas de secano como las nuestras”, dijo, señalando que esta normativa busca ordenar, tomando como base – entre otras - la Ley 6044, “que es la que cuando se privatiza OSM, crea el EPAS “.
En ese marco, sostuvo que el análisis que debería hacerse son las soluciones no sólo desde el punto de vista normativo sino de inversión, porque “uno de los problemas serios de la provincia, son cloacales, y la falta de inversión de los sucesivos gobiernos a lo largo del tiempo. De allí mi intención de pedir esta reunión en el ánimo de informar pero también tratar de seguir una agenda que nos lleve a encontrar soluciones de manera conjunta a esta problemática, que no van a ser de un día para el otro obviamente, pero sí un camino que alguna vez debe iniciarse. Los temas de contaminación, hay que abordarlos desde lo técnico para no generar zozobra en la población”.
Al respecto, Mario Luraschi, quien es director del área que se dedica a esta temática, dijo que se trata de un trabajo de tres años, que se llevó adelante con una participación abierta de talleres “donde no sólo los profesionales de Irrigación aportaron sino que fue muy amplio el aporte de conocimientos de instituciones que tienen directamente que ver con el suelo-agua-planta. Para nosotros esta modificación es un hito, un logro muy importante”.
Noelia Torchia, abogada del Tribunal Administrativo y doctorada en derecho ambiental, expuso sobre qué motivó la modificación de la Resolución 778. “Había una cuestión puntual que nos preocupaba y es la condición inicial. Tenemos 1700 establecimientos inscriptos en el RUE y sólo 5 contaban con un permiso de vertido y 50 con un convenio de gestión de permiso vertido, que son las dos figuras que preveía la Resolución 778 en su versión original, para regularizar la situación de todos esos establecimientos que producto de su actividad, generan un efluente que debe ser dispuesto de una manera segura. Si aplicábamos estrictamente las disposiciones de la 778, teníamos 1645 establecimientos en situación de clausura. Esto nos llevó a plantearnos si quizá las herramientas que preveía dicha Resolución, no estaban a la altura de las circunstancias para resolver esta problemática”.
Desde 2017 comenzaron con los talleres, de los que participaron 120 personas e instituciones que se abocaron a este trabajo, proceso del que surgieron una serie de medidas. “La primera fue dictar la Resolución 1216, que ordenó a todas las Subdelegaciones que procedan a hacer un relevamiento de todas esas empresas que estaban sin permiso y sin convenio de gestión de permiso de vertido, para que en caso de estar en proceso de obtenerlo, proceder a la regularización, suscribiendo el permiso o convenio. A estas empresas, mientras se las relevaba, se las llamó empresas en transición, para salir del primer incumplimiento formal de la norma que obligaba a la clausura”, expresó Torchia. Con ese procedimiento, se pasó de 5 a 53 permisos y de 50 a 350 convenios.
La letrada, expuso que la modificación dispuesta en la Resolución 51 es “parcial porque solamente se ha trabajado sobre tres ejes para resolver la situación inicial: la figura jurídica, la fiscalización y los parámetros”.
Respecto de las figuras jurídicas, manifestó que el permiso de vertido es algo que se utiliza en todo el mundo, “no hicimos cambios ahí”, pero “el problema lo encontrábamos en el convenio de gestión de permiso de vertido porque duraba dos años, en cuyo plazo las empresas tenían que hacer una serie de obras para ajustar la calidad de sus efluentes y había demostrado ser ineficiente”, porque los plazos se vencían sin que el establecimiento lograra las inversiones o ajustarse a los parámetros. Además el convenio no tenía previsto el reúso “que es lo que al DGI le interesa”.
“Irrigación quiere – y lo viene haciendo desde el año 2000 – implementar una política de vuelco cero a cauce. El objetivo es que todos los efluentes industriales y también los cloacales, vayan a una zona de reúso para que se produzca una reutilización de los mismos”, subrayó y agregó que la Resolución 778 “sólo tenía un artículo que se refería al reúso que fue incorporada en al año 2000, donde decía que se aceptaba como parte de una forma de tratamiento de los efluentes industriales, pero no decía qué autorización debía tener, si lo podía hacer un tercero, en qué condiciones. Había una laguna legal en ese sentido”.
“Por lo tanto, siguió, nos abocamos a regular esta situación y creamos una figura jurídica que es la autorización para reúso de efluentes industriales” para lo cual se establecieron una serie de exigencias técnicas. “Esta norma busca fundamentalmente incentivar el reúso de efluentes industriales porque regula absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con esta situación para simplificar este procedimiento”.
Restaba abordar a aquellos establecimientos que quedaban fuera de las tres figuras legales previstas, indicó, y para ello, se tomó como referencia un fallo de la Corte Nacional en el caso Matanza Riachuelo. “Por la primer Resolución, salimos a relevar a estas empresas (1216), en segundo lugar, declarar agente contaminante a todas aquellas que no estaban en condiciones de suscribir un convenio o de obtener un permiso o autorización para reúso. En estos casos tienen la obligación de presentar un plan de reconversión de efluentes industriales”, que si es cumplido pasan a ser “agentes en reconversión”, con cánones diferenciados “para estimular el cumplimiento del plan”.
En cuanto a la fiscalización, detalló que en la Resolución 778 había un procedimiento sobre “contaminación manifiesta versus contaminación probable“, que establecía que el inspector que detectaba el vuelco podía catalogarlo de contaminación manifiesta sin necesitar extraer muestras. “Nosotros hemos remplazado ese concepto de contaminación manifiesta por el de vuelco irregular y se va a exigir en todos los casos muestras y se ofrece contra-muestra, garantizando el debido proceso”. También se confeccionó un sistema con una fórmula polinómica que según agravantes y atenuantes se adapta al caso concreto en materia de multas.
Por su parte, José Ferreira, jefe del Departamento de Control de Contaminación, hizo referencia al tercer eje contemplado en la nueva Resolución, referido a los parámetros. “Había que tomar en cuenta algunas variables como por ejemplo, la cuenca donde se realizaba el vuelco, la calidad del agua de ingreso, los parámetros de agua que se vierte, la carga contaminante y la estacionalidad – algo no contemplado en la Resolución 778 – y el destino final del efluente tratado, que es clave, porque se busca el reúso”.
En ese aspecto, hizo mención a la conductividad eléctrica, señalando que depende de tres variables: el tipo de industria, su ubicación hidrogeológica y la conductividad partida. “Teníamos que tener en cuenta el volumen del efluente generado, la estacionalidad del vertido, el tipo sustancia contaminante en función de la actividad, cuál es la gestión de ese efluente y cuál es la disposición final. En función de eso tendríamos un índice de peligrosidad de la industria”. Además, se definieron distintas zonas para preservar “el acuífero libre” y se puso un factor de localización. Todo ello, para determinar un índice de peligrosidad final, que tiene en cuenta “la peligrosidad y la vulnerabilidad de la zona”.
Terminada las exposiciones, los senadores Lautaro Jiménez (FIT) y Ernesto Mancinelli (LdS), y los diputados Mario Vadillo (PLF), Daniela García (UCR), Edgardo González, Verónica Valverde y Marisa Garnica (FdT), agradecieron la presencia en el encuentro del equipo técnico de Irrigación y formularon algunas inquietudes relacionadas con las condiciones para la clausura de establecimientos, el tiempo promedio que lleva la concreción de todo el proceso, el cuidado del recurso hídrico en relación con el tiempo de reparación en casos de contaminación, las escalas planteadas para determinar si una empresa está o no en infracción, el acceso a la información pública y la participación de los usuarios en todo el procedimiento, entre otros puntos.