La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales emitió despacho en mayoría para el proyecto de Jorge Difonso (FR-UP), por el cual se quitan beneficios a quienes usurpen tierras en la provincia de Mendoza.
“Mediante este proyecto, se pretende impedir el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios, a toda aquella persona física o jurídica que esté usurpando un terreno privado o estatal. Esto a modo que el Estado no puede estar subsidiando este tipo de actividades y debido a la ola de usurpaciones que se han generado a lo largo y a lo ancho del país, en el cual Mendoza no ha sido ajena porque en las últimas semanas hemos tenido distintos intentos en distintos departamentos de la provincia”, dijo Difonso, quien preside LAC.
El despacho firmado por la mayoría de los integrantes de la comisión – con la negativa del Frente de Todos y de Mario Vadillo, de Protectora LF -, dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios monetarios o de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.
Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas y/o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.
En la fundamentación del proyecto, Difonso sostiene que “resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas, en La Plata, La Matanza, San Francisco, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz”.
“Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas”, añade el diputado.
La intención, sostiene en los fundamentos, es “no sólo la pronta sanción de la presente Ley, sino también la pronta difusión por medios masivos de comunicación de que en Mendoza ya se está previendo el avance de esta modalidad de toma de tierras, por lo que a fin de evitar problemas mayores, es dable anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen que este método de usurpación es una solución a su medida”.