La comisión de Hacienda, que preside Jorge López (UCR), redactó despacho favorable a un expediente de Jorge Sosa (UCR), que establece la implementación de un “Sistema de Pesaje Obligatorio mediante el uso de balanzas o básculas en ripieras, hormigoneras y establecimientos que se dediquen a la comercialización, acopio y/o distribución de áridos y sus derivados” realizados por camiones de transporte y carga pesada en el ámbito privado. Sosa, invitado a la reunión por videoconferencia, dio más detalles de la iniciativa que ya cuenta también con despacho de las comisiones de LAC y Obras Públicas. 

La normativa establece, además, la “obligatoriedad para los conductores de camiones del ámbito privado que circulen por la vía pública, de presentar ante la autoridad competente el Manifiesto Comprobante de carga, expedido por los establecimientos mencionados cuando transporten áridos y sus derivados”. 

Focalizado en uno de los objetivos de su proyecto, indicó Jorge Sosa: “El costo de arreglar los caminos y/o el daño que se les hace es infinitamente superior al costo de una balanza para poder implementar este pesaje”, ya que aportó datos sobre los costos que tienen estos sistemas de pesaje a implementar, los cuales oscilan entre los $250.000 y $450.000, que no precisan importarse y que no significarían un precio oneroso su incorporación. 

Sobre este punto aclaró también que aquellas ripieras “más chicas”, para que no vean afectado su interés económico, podrían implementar una balanza de uso compartido, de acuerdo a las disposiciones que luego se plasmen en la reglamentación de la norma. 

“Muchas veces están saliendo los camiones con sobrepeso y sobre todo para hacer otra ruta, y resulta que para hacer una ruta rompemos dos o tres; entonces es indispensable que nosotros tengamos un control del peso por eje de los camiones que salen de las ripieras”, justificó Sosa. 

A su vez, en los fundamentos de la iniciativa, el legislador se expresa sobre el deterioro de las carpetas asfálticas en la provincia, el cual se produce “no solamente como consecuencia de la circulación de vehículos dentro del rango de pesos y medidas para los cuales las vías de circulación han sido proyectadas, sino también por el deterioro acelerado que se produce por la circulación, especialmente de vehículos de transporte de carga cuyas capacidades reales exceden a las nominales, sin que exista a la fecha, un mecanismo de control de estas desviaciones que sea eficiente y contribuya a prevenir las consecuencias”. 

Consultado por la autoridad de aplicación y el apoyo a su proyecto, Jorge Sosa indicó que como el expediente lleva algún tiempo en debate en las comisiones de Diputados Mendoza, tuvo la oportunidad de hacérselo llegar a diferentes dependencias y organismos, incluida Vialidad Provincial, que sería la autoridad de aplicación en este caso. Aseguró que no tuvo objeciones y que a su vez cada legislador pudo sumar su visión, logrando el consenso y posterior despacho de las comisiones de LAC y Obras Públicas, por lo que el diputado se mostró agradecido con los aportes. 

Asimismo, el expediente establece multas para quienes no cumplan con lo establecido, aunque delega mayor responsabilidad a los establecimientos por los excesos de peso en los camiones o transportes de carga pesada, que a los propios choferes. Serán pasibles de multas quienes circulen sin la documentación habilitante establecida, cuando haya diferencias de pesaje y/o por reincidencia que derivará hasta en el decomiso de la carga, entre otras sanciones. El monto de las mismas estará dado también por UF (Unidades Fiscales), establecidas en la Ley Impositiva provincial.

 En este orden, se constituirá un Fondo de Fiscalización y Reparación de Rutas que estará conformado por los recursos obtenidos por la aplicación de multas y todo otro aporte que determine el Poder Ejecutivo y la autoridad de aplicación. El dinero que se recaude será destinado al equipamiento, fiscalización, mantenimiento y reparación de las rutas provinciales.

 La iniciativa recibió los votos afirmativos de los integrantes de la comisión para obtener despacho favorable; y en ese orden se destacó el testimonio de la diputada Marisa Garnica (FdT-PJ) quien sostuvo, a partir de su experiencia laboral anterior (fue directora de la Agencia de Seguridad Vial y funcionaria del municipio de Luján de Cuyo, aclaró) que “me parece muy bien que hoy el foco esté puesto en la empresa, en la ripiera”. 

Recordó que cuando fue funcionaria se realizaron operativos “de hasta 50 horas, porque a las ripieras no les costaba quedarse 1 hora, 2 horas o 4 horas al costado de la ruta hasta que se terminara el operativo”. “Se controlaron 778 vehículos en dos días, y la gran mayoría de los camiones que venían de las ripieras tenían sobrepeso en sus ejes. Y el gran problema, además de la deformación que generan en la ruta, es que provocan daños al camión, imposibilidad de frenado, y complicaciones a la seguridad vial”. 

Desde las distintas fuerzas apoyaron el expediente, redactaron despacho y se mostraron de acuerdo en la necesidad de pronto tratamiento en Sesión para obtener la sanción inicial.