La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (FR-UP), recibió a funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia con quienes analizó el proyecto de José María Videla (FR), relacionado con la investigación científica y el uso medicinal del Cannabis. Esta iniciativa cuenta con despacho favorable de la comisión de Salud, y tras el aval de LAC, deberá ser estudiada en la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Durante el encuentro, el diputado Mario Vadillo (Protectora L-F) propuso trabajar el tema en paralelo con un proyecto propio que tiende a crear la Sociedad del Estado con estos fines. No obstante, se decidió avanzar en primera instancia con la propuesta de Videla, por considerar que el objetivo que se persigue es que la provincia pueda participar de algunas de las etapas de esa cadena de valor, pero no en todo el proceso.
Marcelo Japaz, coordinador General del Ministerio, hizo hincapié precisamente en el análisis “de la eventual cadena de valor que se puede desarrollar” una vez aprobado este proyecto, mediante la articulación con el Ministerio de Salud, para atender “una demanda que es muy particular”.
“Hablamos de cadena de valor y marco regulatorio” dijo, aclarando, en relación al proyecto de José María Videla, que “lo que permite esta Ley es que si inversores privados, controlados por el Estado, están dispuestos y en condiciones agronómicas; si hay laboratorios dispuestos a avanzar en un marco regulatorio determinado y someterse a prácticas de certificación, trayendo o no materia prima, se pueda hacer. El tema es permitir que con control público y sanitario, con autoridad de aplicación, en Mendoza podamos desarrollar aspectos de la cadena para desarrollar en primera instancia el aceite de cannabis y eventualmente pasar a una etapa superior de comercializar. Pero no es el objetivo primario”.
Se trata, dijo, de “permitir que distintos actores se incorporen a la cadena” y que este régimen regulatorio “sea de interés para el sector privado, con el Estado participando y controlando para garantizar que los pacientes mendocinos tengan un acceso seguro al compuesto. Pero no pretendemos hacer un desarrollo con una empresa pública que vaya de principio a fin de la cadena”.
En igual sentido se expresó Virginia Coraglia, quien indicó que en la actualidad, se destinan 21 millones de pesos para asistir a “los que se encuentra en la unidad de vigilancia tutelada”, aunque las estimaciones del costo pueden ser superiores teniendo en cuenta el valor del dólar, señaló..
“Hay que tener presente el interés superior que en este caso, es la salud. Por ello se apuesta a garantizar la cadena de valor, incorporar a la cadena productiva la participación de las asociaciones o entidades privadas que estén interesadas en participar en un proyecto de este tipo. Es un trabajo conjunto entre Salud y Economía”, subrayó.
Al mismo tiempo, explicó que “no podríamos crear nada si no adherimos a la Ley Nacional. Proponemos básicamente adherir, darle la connotación económica y luego hacer los actos útiles pertinentes para que pueda desarrollarse la actividad”.
“Cada provincia ha hecho un camino diferente, pero adherir a la Ley Nacional es fundamental. Desde el punto de vista legal, hay que hacer ese caminito. Primero establezco la adhesión, nos declaramos como autoridad de aplicación, más allá de la Ley vigente que ya tiene pacientes en tratamiento”, añadió, recordando que la finalidad primera del proyecto es con fines “terapéuticos, medicinales y científicos”
El texto bajo análisis indica que “el Poder Ejecutivo propiciará la participación de personas humanas y/o jurídicas públicas o privadas para el desarrollo de proyectos productivos, los que podrán comprender todas las etapas de la cadena de valor. Para ello a través de la autoridad de aplicación podrá desarrollar, adoptar y/o coordinar pautas y protocolos precisos de investigación, cultivo, producción, comercialización y podrá coordinar las acciones que sean necesarias para promover el establecimiento, y explotación de cultivos de Cannabis SP en todas sus variedades y su industrialización, y/o trasferencia de tecnología con fines científicos medicinales y/o terapéuticos y desarrollar mecanismos destinados a implementar iniciativas económicas para la producción, transformación y/o distribución de derivados de grado médico”.
La autoridad de aplicación será ejercida por el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, en tanto que junto a la cartera sanitaria, “tramitarán ante el Estado Nacional todas y cada una de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios de conformidad con las exigencias legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o el organismo que en el futuro lo reemplace”, especifica la normativa.