El fiscal de Estado, Fernando Simón, expuso los detalles del Presupuesto 2021 ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, presididas por Jorge López (UCR) en Diputados, y Diego Costarelli (UCR), en Senado.

El total previsto para el ejercicio fiscal 2021 asciende a poco más de 463 millones de pesos, de los cuales 195 millones corresponden a la partida de juicios, que es uno de “los dos grandes rubros que tiene la Fiscalía”.

Simón, indicó que este ítem es la “registración de todas las sentencias de condenas contra los distintos organismos de la provincia que se produjeron hasta el último día hábil de agosto. A partir de ahí Fiscalía toma nota de todas esas sentencias, estima sus pagos con intereses, le eleva al Ministerio de Hacienda el requerimiento, con lo cual el requerimiento estimado para este año fue de 250 millones de pesos para juicios”.

Según explicó, por lo general, a lo largo del año se van realizando los refuerzos necesarios, “esto ha sido lo habitual y se ha ido cumpliendo de manera regular”, señaló.

El resto del Presupuesto, en lo que hace al funcionamiento de la Fiscalía que son 268 millones,  la mayor parte se lo lleva la partida de Personal, a lo que se suman “pequeños gastos en bienes de capital, porque hay que equipar a Fiscalía sobre todo en lo informático, y prácticamente lo que son servicios los tenemos por convenios hechos por el Poder Ejecutivo, a los cuales nos adherimos, con lo cual prácticamente la única licitación que hacemos es el alquiler del inmueble” que ocupa este órgano de contralor.

Simón hizo referencia a la evolución de estas partidas en términos relativos al Presupuesto. Dijo que en la partida de funcionamiento, “desde que asumí, que representaba un 0,35% del presupuesto provincial, ha disminuido hasta que hoy representa el 0,10% del presupuesto provincial, una disminución marcada en gran parte por el tema personal”.

Asimismo, indicó que “es relevante remarcar que la participación en juicios de la partida, ha disminuido desde el 0,21% del presupuesto provincial  a una estimación para este año del  0,07%, es decir, un tercio sobre lo que es el presupuesto provincial. Podemos decir que la provincia está pagando la tercera parte de lo que pagaba en juicios hace 5 años. Se marca una fuerte tendencia a la baja en lo que estamos pagando por condena a la provincia”.

Con respecto al recurso humano, se ha producido una disminución de personal dada por las “jubilaciones que se han ido dando, sin que se hayan incorporado nuevos cargos. Fiscalía de Estado ha pasado de 142 cargos que tenía en 2015, a 123 que tiene hoy, y que en realidad son 119, porque hay cuatro personas de Fiscalía de Estado que han sido adscriptos a la oficina de Ética Pública”, subrayó.

En esa línea, sostuvo que los ahorros que se han producido “no han sido destinados a nuevos cargos sino a profesionalización y aumento de la dedicación de los abogados de Fiscalía”.

En otro orden, esbozó algunos datos sobre el funcionamiento del organismo, explicando que “a  lo largo del año pasado y éste, hemos implementado un sistema informático propio diseñado por personal de la Fiscalía de Estado, que permitió dejar de utilizar un enlatado que se pagaba anualmente y que no daba del todo buenos resultados. En el sistema preparado por nosotros, lo estamos compartiendo con Asesoría de Gobierno, donde podemos hacer un seguimiento actualizado de los juicios”.

Al respecto, destacó que a setiembre de este año, Fiscalía tenía  8048 juicios activos, esto es la totalidad de juicios que se han planteado contra la provincia y los municipios.

“El número de causas ingresadas, ha tenido una evolución notable, con una disminución en 2019”; sin embargo, “2020 no lo podemos tomar como un año normal. A setiembre teníamos 290 juicios ingresados, pero la situación particular hace que no sea un dato valedero”.

Siguiendo con el tema de los juicios, resaltó que en este momento, “los daños y perjuicios por accidentes, son los que mayor cantidad implican para el Estado, estamos hablando de 1189; tenemos 671 amparos; 280 acciones procesales administrativas relacionadas con reclamos salariales, 215 que tienen que ver con empleo público y 583 que son otras acciones procesales administrativas contra actos del Estado. Esto muestra un cúmulo muy grande de acciones que van directamente a la Corte, lo cual entendemos que al momento que se revise la Constitución, sería conveniente revisar la conveniencia,  si esto es lo más prudente, que estos juicios vayan directamente a la Corte sin instancia previa”.

En cuanto a los organismos con mayor cantidad de demandas, el Poder Ejecutivo  tiene 623 demandas entabladas, sin contar Salud y Seguridad “a los que les damos un tratamiento aparte”. De hecho, continuó, Seguridad tiene 278 demandas.

El otro organismo con gran cantidad de demandas, es la Dirección General de Escuelas, con 466. “La gran mayoría de ellas, son accidentes de niños, accidentes normales, propios y habituales de jugar un partido de fútbol en el recreo pero que por nuestra Ley vigente, hay una responsabilidad objetiva de la DGE”, señaló.

También hizo referencia a las estadísticas de demandas ganadas y perdidas, “que nos está dando números interesantes. El Poder Ejecutivo tiene 131 demandas ganadas contra  101 perdidas. En escuelas, es a la inversa, la gran mayoría de las demandas que se entablan por daños y perjuicios de alumnos, son perdidas por la provincia y en esto va a ser muy importante que podamos empezar a aplicar la Ley de Transacciones, para que en muchos casos de estos, se evite todo el proceso judicial con lo que implica en intereses, honorarios, y tiempo y desgaste del recurso humano de la justicia. Esta Ley está a punto de ser reglamentada y esperamos muy pronto poder empezar a ejecutarla”.

Por otra parte, hizo algunas solicitudes. En el artículo 56 del proyecto de Presupuesto, se “ha tratado de excluir de la registración de Fiscalía a algunos organismos autárquicos”, como el IPV, la Dirección Provincial de Vialidad,  ATM y el Instituto de Juegos y Casinos y “hubo una omisión involuntaria, que es OSEP, que  debería ser incluida en ese artículo, porque tiene fondos propios, sus juicios son pagados habitualmente por la obra social y no sería adecuado volver esta registración a Fiscalía”.

Por lo tanto, “solicito que en el actual artículo 56 se incorpore la OSEP a los organismos excluidos del Régimen de Registración de Fiscalía”.

Finalmente, tal como ha sucedido en años anteriores, solicitó que se contemple que los organismos de control, que no están sometidos al Poder Ejecutivo, puedan administrar sus recursos. “Estos recursos tienen que poder ser administrados por los organismos de control sin subordinación o dependencia al Poder Ejecutivo”, resaltó.